El Habeas Data en la Argentina

martes, 3 de diciembre de 2019 · 23:15

Por Carlos Nayi

(Abogado-Escribano) Especial para El Diario

De manera preliminar se impone puntualizar que en la República Argentina la ley Nº 25.326, sancionada el 04 de Octubre de 2000, promulgada parcialmente el día 30 de Octubre del mismo año y su Decreto Reglamentario 1558/01, describe y regula de manera específica la garantía de raigambre constitucional contenida en el art. 43 de la Constitución de la Nación Argentina, cuando en su art. 43 expresa “… Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ellas referidos y su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o privados destinados a proveer informes y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística”.

Todo ciudadano debe saber que teleológicamente hablando la finalidad que persigue la normativa es por sobre todas las cosas, obtener la preservación de datos personales contenidos en registros, archivos, banco de datos, públicos o privados de carácter público y no de uso comercial, destinados a dar informes, en procura de garantizar y proteger el honor, la intimidad y accesos a la información de personas físicas y además de existencia ideal.-

A partir de la legislación específica que existe en la materia, vía esta acción se puede lograr la tutela judicial de datos personales, en orden reitero a una garantía de jerarquía constitucional, que importa en términos reales la atención que el derecho ha puesto a las permanentes innovaciones y mutaciones que a partir de la tecnología acusan un fuerte impacto en la vida cotidiana. Resulta singularmente importante destacar que para que proceda la acción de Habeas Data, resulta menester la existencia de una intimación previa por caso para que se proceda al retiro de los datos motivo de queja, y es así que la negativa u omisión del requerido el efectivo cumplimiento de lo solicitado, coloca virtualmente al afectado en la obligación de recurrir a la justicia por vía del habeas data a fin de hacer cesar esta situación irregular y generadora de perjuicio.

A esta altura de la exposición, es importante destacar cómo muchas veces  la entidad encargada de la provisión de información crediticia de una determinada persona difunde  informes vinculado a datos que superan holgadamente la antigüedad fijada por ley o que quizás por otro lado no resulten hábiles para lograr una evaluación correcta respecto de la solvencia económica del involucrado, supuesto que deja al descubierto el ejercicio abusivo del derecho a informar y trabajar en claro perjuicio y detrimento de los intereses del registrado.-

Por ello resulta sumamente importante que toda empresa que obtiene un dividendo a partir de la difusión de información que permite evaluar por ejemplo la solvencia económica de una persona, extreme los recaudos de prudencia y razonabilidad arbitrando todas las medidas necesarias a efectos de evitar se consumen perjuicios muchas veces irreparables, y de esa manera impedir que el teorema queda incorrectamente planteado, es decir que sea el ciudadano perjudicado, sujeto pasivo de la información en definitiva, sean los que deban poner en funcionamiento los mecanismos que la ley prevé con toda la carga que esto implica en procura de lograr la baja o rectificación de la información incorrectamente difundida.-

Esta herramienta judicial, entonces aparece como una solución legal que permite sin duda alguna resguardar y preservar adecuadamente dentro de un contexto tecnológico de avanzada y evidentemente mutante la dignidad de las personas, siendo oportuno destacar que se trata de un derecho plenamente reconocido no solo en la legislación argentina sino en el ámbito del derecho comparado en varios países como Uruguay, Bolivia, Brasil, Colombia, España, Venezuela y Panamá respectivamente.

En definitiva, esta es una acción de protección de datos personales, cuya procedencia se encuentra habilitada por un lado para tomar conocimiento de los datos personales almacenados en bases públicas o privadas destinadas a proporcionar informes y de la finalidad correspondiente y por el otro lado, cuando se presuma la falsedad, inexactitud, desactualización de la información, o el tratamiento de datos prohibidos y para demandar la rectificación, supresión, confidencialidad o actualización de los mismos.- El art. 43 de la Carta Magna le reconoce al titular del dato el derecho a obtener su supresión, en caso únicamente de falsedad o discriminación, por lo que en la medida en que esto no acontezca, de ninguna manera puede conceptuarse como discriminatorio   una información actual, obtenida de fuente publica, reconocida por las partes, no sensible, pertinente y útil a los fines prácticos.

Como colofón debe entenderse como contrapartida que el objeto de la base de datos es no otra cosa que proveer niveles de seguridad a las transacciones comerciales, reduciendo los márgenes de riesgo, lo que no solo aparece como licito, sino absolutamente sensato.- El habeas data entonces constituye en definitiva, una herramienta de vital importancia, apareciendo como una gran solución para resguardar la dignidad de los ciudadanos, desde el contexto tecnológico, siendo protagonistas centrales en este escenario, no solo los titulares de datos sino también la entidad registrante, los magistrados con competencia para decidir y los abogados, como auxiliares de la Justicia.- 
 

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