El valor de la denuncia penal y su significado

miércoles, 15 de mayo de 2019 · 16:48

Por Carlos Nayi

(Abogado-Escribano) Especial para El Diario

 

En una sociedad como la nuestra, en la que asistimos a diario a hechos que conforme describe ola crónica policial y la experiencia cotidiana, denotan una actitud de desprecio por la ley y la vida de las personas, cobra virtual relevancia que el ciudadano abandone actitudes de indiferencia frente al delito y se involucre de la manera más rápida y directa posible con la problemática, en procura de contribuir a combatir el flagelo de la delincuencia y atemperar los efectos desbastadores de la inseguridad. En este escenario es el abogado como auxiliar de la Justicia en el noble pero áspero ejercicio de su profesión desde la actitud comprometida, la labor técnica y la contención desde lo humano siempre presentes en cada caso traído a su estudio, el que debe dar el ejemplo no abdicando frente al temor, a la conveniencia de intereses transitorios, a las presiones que genera la asistencia técnica en una causa compleja etc.  

Pobre del letrado que sucumba al terror de una amenaza, pues deberá soportar en ese caso cargar con la deshonra de tener manchada su foja de servicio con la nota de la cobardía. En una sociedad en la que cada vez se acentúan indicadores de un claro fenómeno de descomposición social, es la denuncia como tal una formidable herramienta que el ciudadano tiene para recurrir ante la autoridad policial o ante el fiscal en relación a la probable comisión de un hecho delictivo, siendo un mecanismo irremplazable para lograr el inicio de un proceso penal, contribuyendo a una convivencia medianamente civilizada. En definitiva, en la practica el denunciante es un gran colaborador de la Justicia la que frente al conflicto diario debe tener la capacidad para resolverlo desde la autonomía e imparcialidad dando a cada uno lo suyo, limitando a los otros dos poderes del estado, garantizando así el irrestricto sometimiento a la ley.- La denuncia en si misma resulta no otra cosa que una expresa manifestación de conocimiento a través de la cual se anoticia al órgano de investigación de un hecho presuntamente delictivo. Ahora bien, al tiempo de denunciar,  se le requiere al presentante extremar los recaudos de prudencia y responsabilidad a fin de evitar contaminar la investigación con elementos extraños  al espíritu mismo del proceso penal y el objetivo de este cual es establecer la verdad real para poder luego aplicar la ley penal sustantiva al caso concreto, debiéndose saber que si bien el denunciante no será parte del proceso, ni incurrirá en responsabilidad alguna, la excepción a esta regla nace cuando se verifican supuestos de presentaciones teñidas de falsedad o contenido calumnioso.

Jamás hay que confundir denuncia con querella, pues a diferencia de la segunda, la primera no es desistible.- Ahora bien, desde otro costado se impone la necesidad de combatir la denuncia temeraria, la que persigue un fin vindicativo, y que puede acarrear un gravamen irreparable de orden patrimonial, moral social y legal, y es precisamente por ello que a este instituto se lo ha rodeado como declaración de conocimiento que es, de una serie de recaudos a cumplir, orientados todos a custodiar los derechos fundamentales, como la honra y el buen nombre, evitando así lesión alguna al aparato jurisdiccional frente a un indebido uso.- La confianza pública está reclamando un Poder Judicial eficaz donde poderosos y débiles, funcionarios y ex funcionarios sean juzgados con las mismas herramientas procesales, espacio que no admite proclividad a beneficiar al gobierno de turno. Ha llegado la hora de honrar uno de los más nobles objetivos del proceso penal, cual es establecer la verdad real para lo que sin duda alguna la denuncia constituye un instrumento idóneo para alcanzarla.

A Dios gracias, la Justicia de Córdoba ha dado permanentes muestras de tener muy en claro su rol, sin embargo faltaducho camino por recorrer a fin de alcanzar el objetivo deseado cual es ejercer la potestad jurisdiccional con absoluta e innegociable imparcialidad y autonomía donde sus integrantes en el ejercicio de tal alta y delicada función ubicada entre los hombres y Dios deben fortalecer el aparato judicial día a día, enalteciendo así el sagrado legado recibido. La sociedad entera tiene derecho a disfrutar de la plenitud de esas facultades, y cada uno de nosotros merecemos la prudencia, la serenidad, la cultura, la rectitud pero por sobre todas las cosas la independencia en la acción del magistrado actuante. En una sociedad civilizada, se puede vivir sin belleza se puede vivir sin riqueza hasta se puede vivir sin salud, se vive mal pero se vive, pero jamás se puede concebir la idea de vivir sin justicia, por cuanto aceptar esto es reconocer el reinado de la barbarie, algo inaceptable en nuestra sociedad y si compatible con el espectáculo propio de un coliseo romano.-

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