Rucci, la imprescriptibilidad de un crimen imperdonable

domingo, 07 de julio de 2019 · 20:43

 

Por Dr. Carlos Raúl Nayi

(Abogado y escritor)

 

Transcurrieron cuarenta y seis años desde aquel  veinticinco de Setiembre de 1973, en que se fue cobardemente asesinado el dirigente metalúrgico José Ignacio Rucci, Secretario General de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT). En circunstancias en que salía de su domicilio de Calle Avellaneda 2953 del Barrio de Flores, tuvo lugar su ejecución en pleno gobierno democrático y a escasas cuarenta y ocho horas de que Juan Perón resultara triunfante en las elecciones. Conforme las probanzas reunidas en el proceso penal, el fusilamiento del líder gremial estuvo a cargo del grupo Montoneros, que por aquella época no era extraño a la estructura del gobierno nacional.- Desde la convicción absoluta de que no hay crimen que habilite el olvido y la impunidad, se impone hoy más que nunca por el grado de madurez que ha alcanzado la sociedad argentina, la necesidad como meta excluyente, de entender que ha llegado el momento de honrar uno de los más ansiados y nobles objetivos del proceso penal, cual es esclarecer la verdad real, y bien sabido es que la labor desplegada por el estado debe estar encaminada a alcanzarla. A partir del mismo momento en que se adoptó la inclemente decisión de eliminar a Rucci, objetivo que finalmente  se alcanzó, nace la impostergable necesidad de ir tras la búsqueda de la justicia, identificar a los responsables y determinar las causas de tan innoble, cobarde e inenarrable hecho, para que luego de establecerse los distintos niveles de responsabilidad, se aplique la ley penal sustantiva, conforme toda una familia y la sociedad entera demanda desde hace prácticamente cuatro décadas. En su momento el Juez Federal Ariel LIJO resolvió declarar prescripta la acción penal, considerando sin embargo probado el extremo de que el crimen fue consumado por el grupo armado Montoneros, el que directa o indirectamente formaba parte del gobierno de la época y no operaba desde la clandestinidad. En efecto el magistrado en su resolución destaco que no se encuentra acreditada la participación de miembros de la “Triple A”, estableciendo la posible responsabilidad de miembros del grupo armado Montoneros en el homicidio, agregando que la participación de dicho grupo en la tristemente célebre operación “Traviata”, se desprende de diversos documentos y testimonios de los que surgen de manera incontrovertida que la organización se atribuyó la autoría del asesinato. En medio de esta terrible realidad, el cierre definitivo de una investigación de esta trascendencia importa una cruel injusticia, adjudicando un premio inaceptable a favor de quienes participaron de un accionar monstruoso. En este contexto, es la propia estructura del Poder Judicial la que tiene la formidable oportunidad histórica de enmendar sus errores, y en esa tarea se encuentra encaminada la labor de la Cámara Federal Porteña que recibe la causa a partir de la vía recursiva impetrada por los familiares del dirigente desaparecido. Desde la lectura objetiva de los hechos históricamente acaecidos, el ámbito en que ocurrieron, las particulares modalidades comisivas, y los protagonistas involucrados, se impone arribar a una conclusión irremediable y que no ofrece opciones, y esto implica reconocer que el asesinato del gremialista debe ser considerado como un crimen de lesa humanidad y por tanto imprescriptible. Ahora bien, hablar de delitos de lesa humanidad importa considerar la vigencia permanente de los mecanismos de persecución penal. Puntualmente lo que caracteriza e individualiza a este tipo de delitos, guarda directa e inmediata vinculación por un lado con la gravedad, crueldad, y modalidades operativas de la ejecución y por el otro lado la consideración de que sus integrantes forman parte integrante de una empresa criminal cuyo perfil se caracteriza por el ataque sistemático contra derechos fundamentales de una sociedad. En este escenario debe asumirse que lo que identifica a un crimen de lesa humanidad, no es la consideración aislada de la metodología empleada para alcanzar el objetivo, ni la mayor o menos crueldad en las formulas empleadas, o la insidiosidad puesta al servicio de su concreción, sino precisamente que el mismo sea perpetrado por quienes tienen la misión de preservar la pacífica convivencia., En este escenario cualquier dispensa, tolerancia o intento de atemperar la respuesta punitiva resulta una provocación intolerable. El Estatuto de Roma de la Corte Internacional refiere claramente, que son delitos de lesa humanidad aquellas conductas tipificadas como asesinatos, exterminio, deportación o desplazamiento forzoso, encarcelación, tortura, violación, prostitución forzada, persecución por motivos políticos, religiosos, ideológicos, racionales, étnicos u otros definidos expresamente, desaparición forzada, secuestro o cualesquiera actos inhumanos que causen sufrimiento o atentan contra la salud mental o física de quienes los sufre, siempre que dichas conductas por cierto sean llevadas a cabo como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil con conocimiento de dicho ataque. Desde otro costado, el carácter de imprescriptibilidad de estos delitos guarda relación con las atrocidades protagonizadas no solo por gobiernos sino también por organizaciones cuasi-gubernamentales, en contra de grupos civiles, a través de una política sistemática que cercena los derechos de una sociedad civil o bien de un grupo determinado de esta. La eliminación de este buen argentino, no ha sido producto de un hecho con fines de robo o el resultado de una discusión callejera o el epilogo de un ajuste de cuentas por razones pasionales, sino que es el producto de una tiranía democrática que persigue, reprime y elimina a todo aquel que se oponga a sus ideales, interpretando cualquier discrepancia con sus políticas, como una actividad golpista y destituyen te. El grito de protesta de los seres queridos de quien fue innecesaria e inmerecidamente condenado a muerte, junto a la voluntad popular, reclama que este tipo de hechos aberrantes no queden arbitrariamente impunes. Hoy más que nunca la sociedad entera tiene su mirada puesta en un Poder Judicial valiente e independiente, con la suficiente capacidad de perseguir al criminal más allá de las fronteras del tiempo, reivindicando la imagen de la justicia, garantizando así el absoluto sometimiento al imperio de la ley.- Cicerón lo dijo en su perfecto latín: “Hay dos clases de injusticia, una está en los que dañan y otra está en la que no protegen a los dañados”.

 

 

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