La discriminación, el epitome de una conducta degradante

Por Carlos Nayi

(Abogado-Escribano) Especial para El Diario

Lamentablemente con creciente cotidianeidad, se advierte la presencia de conductas discriminatorias, expresadas bajo distintas modalidades y en distintos ámbitos. Un flagelo que sin lugar a dudas constituye una de las más altas expresiones de la violencia física reprimida, una inconducta francamente cobarde que delata una vez más el estado de descomposición social que contamina y destruye una escala de valores que debe regir de manera categórica una relación de convivencia respetuosa en una sociedad civilizada.

Un síntoma evidente en degradación, incultura e irrespeto que ofende a Dios, viola las leyes de una nación y compromete seriamente el futuro de una república. En el año 1988, fue sancionada la Ley 23.592, conocida como la ley antidiscriminación en Argentina, creándose luego a partir de la Ley 24.515 el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia, y el Racismo, sin embargo a la luz del exponencial aumento de comportamientos de personas cuyo cánones morales no son compatibles con el de una persona que debe respetar al prójimo, su efectividad, ha quedado demostrado que resulta raquítica a la hora de combatir conductas tan reprochables como primitivas, pese que “El art. 2 de la referida ley eleva en un tercio el mínimo de la escala penal de todo delito reprimido en el Código Penal o leyes complementarias cuando sea cometido por persecución  u odio a una raza, religión o nacionalidad…” El dispositivo legal descripto deja en evidencia que la conducta discriminatoria en la Argentina no tiene cabida y la respuesta legal muestra un rigorismo categórico que no deja dudas.

Sin embargo y pese a todo, un espacio de reflexión debe generarse a partir de  la increíble recurrencia que se verifica en nuestra ciudad acerca de conductas abiertamente discriminatorias, que hoy por hoy demandan un reproche no solo moral sino legal más enérgico. Gravísimos precedentes  bajo variadas circunstancias y presentados en distintos escenarios, demanda a la sociedad entera una toma de conciencia respecto de la necesidad de unir filas para combatir a este enemigo común que se presenta en sociedad bajo el nombre de discriminación.

Una nueva modalidad delictiva, quizás  producto de una sociedad hedonista, que constituye una deliberada maniobra de hostigamiento que socava seriamente el estado emocional de la persona, afectando de manera indiscutible la salud psíquica y hasta física del atacado. A no dudarlo, se trata de la más alta expresión de inequidad y violencia, cuya solución depende de una pronta u enérgica actuación de la justicia. Ha quedado demostrado a la luz de la experiencia que pese la pronta intervención de la autoridad competente que permite dejar sin efecto el acto discriminatorio o bien cesar en su realización, reparando incluso el daño moral y material ocasionado, no resultan suficientes.

Es hora que la Justicia penal se ponga de pie, y construya un límite al procedes del inadaptado que sin medida ni temor, de manera descarada recurre a la acción para desplazar al semejante por razones de raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o bien lo que es cada vez más frecuente aun por sus caracteres físicos.

Es en este escenario, que resulta particularmente relevante entender que quien se sienta víctima de una conducta discriminatoria más allá de formular la correspondiente denuncia ante el I.N.A.D.I., cuyo organismo tiene asiento de sus funciones en Avenida General Paz 94, 1er piso de esta Ciudad, ocurran ante la Justicia Federal y formalicen la correspondiente presentación. Ahora bien al socaire de estas herramientas legales que la ley pone a disposición del ciudadano afectado y que fueron precedentemente enunciadas y teniendo en cuenta que el organismo precitado emitirá finalmente luego de una rápida investigación un dictamen que no es vinculante, pero constituirá un precedente importante, se recurra a la justicia penal para habilitar la correspondiente acción judicial.

Por esto y a propósito entonces de la insuficiencia que presenta el marco legal para dar respuesta  y detener el avance de esta conducta antisocial, aparece domo un remedio providencial considerar que quien asume comportamientos que agravian desde la discriminación, necesitan tener una respuesta proporcional al ataque infringido, debiendo saber que pueden ser pasibles de reproche punitivo, quedando habilitados para el caso el débil atacado a promover la correspondiente querella criminal por injurias agravada por discriminación, por ante el Juzgado Correccional en turno, de conformidad a lo previsto por los arts. 110 del Código Penal y 2 de la Ley 23.592.

La justicia Penal entonces tiene la palabra a la hora de proteger al vulnerable, al indefenso, devolviéndole la confianza que necesita y que inspiran nuestro régimen legal en vigencia que de manera unánime e inequívoca, garantizan fundamentalmente la salud, la vida, el honor y la libertad de las personas, siendo en este contexto de inmenso valor recordar que el art. 16 de la Constitución Nacional, resulta un correlato inmediato de la libertad de la persona humana basada en su dignidad y calidad de sujeto con capacidad de derecho, garantizando la igualdad ante la ley, proscribiendo toda prerrogativa de sangre o  nacimiento. “Enseñemos a perdonar, pero enseñemos también a no ofender. Sería más eficiente” José Ingenieros.