Movilidad sustentable y COVID-19

Por Arq. Eduardo Moreno (Especialista)
sábado, 18 de julio de 2020 · 00:35

Por Arq. Eduardo Moreno

(Especialista)

 

El constante incremento de la población urbana en las grandes ciudades trajo aparejados cambios significativos en todos los aspectos. Desde el Acuerdo de París, se planteó la necesidad de contar con ciudades sostenibles en términos ambientales, económicos, sociales e institucionales. Además, la necesidad de generar nuevos empleos, y las migraciones internas producto de pretender una mejor calidad de vida en la ciudad, en general, no fue acompañada por inversiones que debieron realizarse para satisfacerlas, lo que produjo más segregación social y espacial.

Se debe procurar dar forma a los nuevos sistemas e innovaciones tecnologías que en los próximos años redefinirían el transporte público y la ciudad, o quedar anclado en el pasado, mientras el mundo avanza hacia la incorporación de la inteligencia artificial que todo lo transforma y cuya incorporación modificara todos los aspectos de nuestra vida. Como será una ciudad habitable en este caso.

Una ciudad sostenible es aquella que puede desarrollarse sin peligro de que éste proceso se detenga por la desaparición de los recursos requeridos para su crecimiento. En este contexto, el sistema de transportes es una herramienta tan fundamental, que podemos afirmar que no existe ciudad sostenible sin movilidad sustentable.

Este objetivo no puede ser alcanzado con el crecimiento espontaneo o la especulación inmobiliaria, sino que necesariamente debe ser desarrollado con planes urbano-ambientales que consideren en forma integrada los procesos territoriales y ambientales para orientar las acciones que inciden en la estructura y funcionamiento de las ciudades con visiones de corto, mediano y largo plazo, e incorporando en el análisis, los criterios de sustentabilidad

Nos vemos sometidos a una pandemia que además de obligar al asilamiento que obliga a adoptar medidas inmediatas, y donde uno de los principales problemas es la movilidad masiva de las personas.

¿La urgencia en solucionar estos problemas para permitir el desarrollo de las actividades normales de la población llevara a abandonar los criterios de ciudad y movilidad sustentable?

Ante la situación plantada por COVID-19 cabe preguntarse:

¿Qué medidas se piensan tomar para mantener los niveles de oferta sin afectar las condiciones sanitarias? Si se limitara la cantidad de pasajeros en los medios públicos, ¿cuál es el costo que deberá asumir el país, dado que las restricciones impuestas reducen considerablemente los niveles de ingresos de las empresas operadores? ¿Cómo se puede mantener el aislamiento social en los espacios públicos? ¿El previsto incremento en los índices de pobreza y la pérdida de puestos de trabajo, en qué medida impactaran sobre la demanda? ¿Es posible reducir los costos del sistema con nuevas tecnologías?

Entendemos que estos y otros son interrogantes que merecen respuesta sobre la base de un programa de largo plazo, pero sin abandonar el objetivo de la sustentabilidad ambiental, económica, social, e institucional, y el de gestionar modos de transporte seguros.

La configuración de las redes de circulación siempre formó parte de los planes urbanos, ya que cualquier asentamiento necesita definir el trazado de la vialidad y el uso del espacio público y resolver los problemas de accesibilidad a los espacios privados.

Desde 1950 en el mundo se registra un doble proceso demográfico, por una parte, un sorprendente aumento de la población global, y al mismo tiempo, la transferencia de población rural a las ciudades, lo que llevó a que, en el año 2008, por primera vez en la historia de la humanidad, la población urbana superara a la población rural, con lo cual el mundo entró a la Era Urbana.

Estos fenómenos generaron un complejo sistema de movilidad, que requiere una planificación de alta especialización especifica del transporte que resulta íntimamente ligada a la planificación urbano-ambiental en temas como el uso del suelo y la sustentabilidad y es parte fundamental de la formulación de estrategias de desarrollo.

De acuerdo a estimaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la población mundial en 2020 alcanza los 7500 millones de habitantes y se estima que a fines del presente siglo alcanzará los 11.000 millones de habitantes lo que significa agregar en los 80 años que faltan otros 4.000 millones de personas a la población actual.

La expansión de las aglomeraciones provoco el crecimiento de los desplazamientos que condicionaron el desarrollo urbano, siendo uno de los factores no contar con una red de transporte estructurante que se constituya en una columna vertebral que resulte suficientemente atractivo para abandonar el uso del automóvil, que no contamine, etcétera. No podemos hablar de movilidad sustentable ni de ciudad sostenible.

No solamente por la aparición del COVID-19 las ciudades y las formas de movilizarnos se modificarán. Pero es previsible que las nuevas tecnologías aplicables al transporte incidan sobre la trama urbana, los usos del suelo, etcétera. Los cambios propuestos son radicales y los nuevos sistemas con innovaciones tecnológicas, en los próximos años, redefinirían el transporte público e influenciaran sobre la conformación de las ciudades.

Es posible que la necesidad de destinar recursos económicos a combatir el COVID-19 implicara que muchos de estos proyectos de demoren, pero seguramente no eliminados de las agendas públicas, quedando condicionados solamente por la posibilidad de asignación de recursos para su implementación.

La pandemia obliga al aislamiento social, y provocará la toma de medidas de acción inmediata, pero con el desarrollo de las vacunas volveremos a la normalidad, con mayor grado de prevención donde indefectiblemente el principal problema a solucionar seguirá siendo la movilidad masiva de las personas. La puesta en marcha de soluciones que permitan la sustentabilidad del sistema seguirán su curso con tecnologías disponibles, porque la urgencia en solucionar estos problemas de manera más o menos inmediata para permitir el desarrollo de las actividades normales de la población no llevará a abandonar los criterios de movilidad sustentable.

 

La participación del transporte en la calidad ambiental

Cuando se trata de lograr una ciudad sostenible no se pude obviar el tema del transporte. En el mundo, es uno de los principales consumidores de energía no renovable y emisor de CO2, y responsable de un 15-20% de los 6000 millones de toneladas anuales de emisión mundial.

La Cumbre sobre la Acción Climática ONU realizada en el mes de diciembre de laño 2019, en Madrid, denominada COP-25, que debatió sobre el cambio climático estableció que las emisiones a nivel mundial están alcanzando niveles sin precedentes que, parece ser, aún no han llegado a su cota máxima. Es sabido que, si se impulsan las acciones necesarias, se puede reducir las emisiones de carbono y el aumento de la temperatura media anual.

Según la Organización Mundial de la Salud, la contaminación del aire representa un importante riesgo medioambiental para la salud. Disminuir los niveles de polución reduciría notablemente la carga de morbilidad derivada de enfermedades cerebrovasculares, cánceres de pulmón, así como neumopatías crónicas y agudas, entre ellas el asma, y esta circunstancia provoca cada año 4,2 millones de defunciones prematuras.

El Acuerdo de París, marco normativo que detalla las medidas para detener la alteración del clima e invertir su impacto, no tiene sentido si no se acompaña de acciones derivadas de acciones concretas y ambiciosa. La República Argentina es parte de este Acuerdo.

En consecuencia, accionar sobre el sistema de transporte para contar con un esquema de movilidad sustentable debería ser un imperativo para quienes tienen responsabilidades de gobernar.

En la última reunión de las Naciones Unidas denominada COP-25, vinculada al tema, el Secretario General de la ONU, António Guterres hizo un llamamiento a todos los líderes países elaboren planes concretos para mejorar sus contribuciones siguiendo la directriz de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 45 % en los próximos diez años y a cero para 2050. ¿Qué propuestas llevara la República Argentina?

En este organismo internacional se consideró que “La descarbonización del transporte a través del despliegue de la movilidad eléctrica surge como una solución eficaz para transformar el sector, mejorar la calidad de vida en la región, proteger la salud humana y contribuir al cumplimiento de los compromisos climáticos suscritos por los países en el marco del Acuerdo de París”.

En definitiva, debemos considerar la evolución del sector de los transportes, para que use menos energía y más limpia, administrando correctamente una infraestructura moderna, operando vehículos no contaminantes, e incorporando tecnología en el control y gestión del tráfico y el tránsito, para permitir desplazamientos más sencillos y confiables.

La tecnología ha avanzado lo suficiente permitiendo iniciar un cambio en los desplazamientos al contarse con vehículos no contaminante con mayor autonomía, con la eliminación progresiva de los vehículos de propulsión convencional para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y la contaminación atmosférica y acústica, a la vez que desarrollar la infraestructura adecuada para los nuevos vehículos, procurando la reducción de costos para disminuir su incidencia sobre la tarifa o sobre los subsidios, con indiscutibles beneficios de acuerdo con los estudios realizados por Eiuroclima+ para América Latina.

 

Antecedentes

Muchos son los antecedentes que se pueden mencionar sobre iniciativas en materia de transporte en marcha en diferentes países, y proyectos encarados por las empresas tecnológicos. La tendencia general hacia el transporte autónomo se ha convertido en un área de gran actividad donde existen inversores dispuestos a respaldar empresas que desarrollan tecnología en el transporte urbano de pasajeros y en camiones de conducción autónoma, para reducir el costo de envío de productos.

Un ejemplo se está desarrollando en España, en la Ruta de los Volcanes de Lanzarote, con el primer microbús turístico de conducción autónoma, que comenzaría a funcionar, tras el periodo de pruebas que se está desarrollando en Madrid en una ruta similar, para sustituir a los actuales vehículos de motor diésel con financiación del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) y un presupuesto de algo más de un millón de euros.

Madrid espera lanzar línea de autobús sin conductor en el campus de la Universidad Autónoma, con un recorrido de 3,8 kilómetros.

Otro ejemplo, más ambicioso, es el proyecto encarado por el Servicio Postal de los EEUU, que inició pruebas para el transporte postal en tres estados del sudoeste de vehículos autónomos para el transporte de carga.

Si bien en el caso de la República Argentina no cuenta actualmente con condiciones para la implantación de estos sistemas en forma inmediata, la incorporación de vehículos eléctricos tanto para el transporte público como el privado debe ser uno de los objetivos de las autoridades, empresas proveedoras y operadores.

 

La situación de la electromovilidad en América Latina

Consecuentes con los objetivos fijados para el año 2050, los países de América Latina, han fijado estrategias para lograr metas para dicho año

En un estudio realizado con el apoyo financiero de la Unión Europea (UE), a través del Programa EUROCLIMA+, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Cambio Climático, remarcan los expertos, que todos los países cuentan, con instrumentos de carácter económico y no económico para incentivar la importación, compra, uso, etcétera, de vehículos eléctricos, haciéndose evidente, la electrificación de otros segmentos como las flotas oficiales, de reparto o de transporte de carga y mercancías, así como de saneamiento público.

Las principales ciudades de América Latina han avanzado definiendo políticas públicas y el marco legal, buscando orientar y estimular el desarrollo de la movilidad eléctrica. Colombia y Costa Rica cuentan con leyes integrales de movilidad eléctrica al igual que otros países que han puesto en marcha acciones para la formulación de instrumentos legales, o regulaciones brindando incentivos fiscales o no fiscales, la eficiencia del parque automotor o fomentando el desarrollo de industrias y emprendimientos asociados a la movilidad eléctrica.

 

Avances por país

Varios países han avanzado en desarrollar proyectos tendientes a la incorporación de vehículos eléctricos, tanto para la movilidad en transporte publico como privado.

Costa Rica, que contó con el apoyo de la Corporación Alemana para la Cooperación Internacional (GIZ), agencia del Gobierno Federal Alemán especializada en la cooperación técnica para el desarrollo sostenible, ha fijado como metas contar con el setenta por ciento (70%) de buses y taxis eléctricos y 25% de vehículos, ligeros para el año 2035, para llegar al 100% de buses y taxis, y 60% de vehículos ligeros para el año 2050.

Por otra parte, Correos de este país, amplía su flota vehícular cero emisiones con el objetivo de convertirse en la primera empresa de logística en operar con vehículos eléctricos, reduciendo el impacto ambiental y generando ahorros en el costo por kilómetro en el consumo energético. Asimismo, establecerá regulaciones aprobando una ley de incentivos fiscales y no fiscales, reduciendo los costos de los vehículos eléctricos, e impulsando un mecanismo que permite la incorporación de bancos privados con garantías del sector público, para reducir la diferencia entre el costo de este último y uno de combustión interna.

Estos proyectos tuvieron su inicio en el año 2019, con la creación de la Comisión Interinstitucional de Movilidad Eléctrica (CIME), para la implementación de la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica (ENME). con la participación de instituciones públicas, universidades, empresas y asociaciones del sector privado, aspirando a reducir el 51% la contaminación ambiental que produce el sector transporte.

Otro caso es el de Panamá donde, se destaca la instalación de puntos de recarga de energía, planes de financiamiento para la adquisición de vehículos, a la vez que impulsa el desarrollo, la investigación y la innovación en la universidad y en las empresas de los sectores relacionados con el sector eléctrico. Según estimaciones de ONU Medio Ambiente, si la totalidad de la flota actual de buses y taxis en la Ciudad de Panamá fuera reemplazada por vehículos eléctricos, se ahorrarían casi 500 millones dólares en combustibles para 2030, se evitarían las emisiones de 8.5 millones de toneladas equivalentes de dióxido de carbono (CO2), y la muerte prematura de más de 400 personas debido a enfermedades respiratorias asociadas a la calidad del aire. La meta fijada por este país es de incorporar entre el diez y el veinte por ciento (10-20%) de vehículos privados para el año 2030, entre el veinticinco y el cincuenta por ciento (25-50%) de vehículos en el transporte publico

También Perú que ha iniciado el proceso dictando, el Decreto Presidencial Nº 1488, aprobando incentivos fiscales para la compra de vehículos eléctricos, y es destacar el caso de Colombia segundo país en el mundo después de China en cantidad de buses eléctricos, líder en transporte 100% limpio, adjudicó por licitación pública 379 buses eléctricos que forman parte del Sistema Integrado de Transporte Público, flota, que deberá iniciar su operación en el año 2020, y que, junto con los 64 buses 100% eléctricos de Medellín, son parte de una Estrategia Nacional de Electromovilidad.

Otros países como Ecuador que anunció que todos los vehículos nuevos incorporados a la flota de transporte público deberán ser eléctricos a partir de 2025.con tarifas eléctricas diferenciales, y en la ciudad ecuatoriana de Guayaquil, se presentó la primera flota de 20 buses eléctricos, o Chile, tercer país en el mundo en cantidad de buses eléctricos, después de China y Colombia, anuncio la electrificación total del transporte público para 2050, y cuarenta por ciento (40%) de automóviles eléctricos para el mismo año, todo ello formando parte, desde el año 2019, de la Estrategia Nacional de Electromovilidad, como política pública para fomentar el uso eficiente de la energía en el sector transporte, reducir sus efectos en el ambiente y disminuir la dependencia de combustibles fósiles.

Si bien el COVID-19 paralizo algunas acciones, el Gobierno de Chile prepara un concurso para la renovación de dos mil (2000) buses eléctricos, a través del Ministerio de Transporte incluyendo empresas locales y extranjeras, a la vez que el Ministerio de Energía capacita setenta (70) funcionarios públicos exclusivamente en electromovilidad.

También Uruguay presentó treinta (30) buses eléctricos adquiridos mediante el aporte de subsidios. Del total de unidades, veinte (20) pertenecen a la empresa Cutcsa y el resto al sector privado, lo que representó una inversión cercana a los US$ 40 millones. El subsidio para impulsar la incorporación de ómnibus eléctricos lo otorga el Estado que cubre la diferencia de precio entre un ómnibus diésel y uno eléctrico de similares dimensiones.

 

Por ultimo Guatemala, en conjunto con la Asociación de Movilidad Eléctrica de Guatemala (AMEGUA) las entidades gubernamentales trabajan para desarrollar un Plan Nacional de promoción de Movilidad Eléctrica, y dictar una ley que promueva y regule la efectiva y utilización de este tipo de vehículos, México ha fijado como meta, en Ciudad de México contar con 500 trolebuses cero emisiones para el año 2024; y Brasil que ha dictado el decreto estableciendo incentivos financieros para la electromovilidad posibilitando la utilización de bonos verdes para tal fin.

Como se puede apreciar el interés de la región e avanzar decididamente en acciones que contribuyan con las acciones decididas con relación al cambio climático, y es de esperar que las principales ciudades del país sigan el ejemplo

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