Discusión en relación a las tarifas de los servicios públicos y los subsidios del Estado Nacional

Por: Contador Hugo Stratta (Santa Fe)
martes, 8 de junio de 2021 · 11:09

Por: Contador Hugo Stratta

(Santa Fe)

 

La delicada situación económica que atraviesa Argentina, sometida a un endeudamiento brutal y sin motivos por parte del gobierno del macrismo y en el curso de una pandemia agobiante y sin respiro, es el escenario de una discusión sobre el aumento de tarifas y los subsidios del estado nacional.

Los servicios involucrados son: electricidad, gas de red, gas envasado, agua, transporte público de pasajeros: colectivo, tren, subte y avión. En un país con fuertes desequilibrios, creciente pobreza y desocupación, mantener un déficit del presupuesto nacional es insostenible por la macroeconomía. Es la diferencia entre Argentina y los EEUU, que puede emitir todos los dólares que desee por cuanto ejerce un señorazgo monetario sobre la economía mundial.

La política en materia de subsidios ha provenido de las decisiones del gobierno popular al no seguir el curso suicida del macrismo que aumento un 6600 % las tarifas eléctricas entre el 2015 y el 2019, según datos del economista Leo Anzalone comparando el valor del Kwh para la categoría R2. Pero en el curso de una sostenida inflación no puede mantenerse la congelación de las tarifas.

Los subsidios económicos aumentaron mas del 100 % en 2020 y casi un 80 % interanual en el primer trimestre del 2021, según datos de la consultora Ecolatina. Según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) en el primer trimestre de 2021 se destinaron $ 71,1 mil millones a Cammesa, empresa dedicada a la generación eléctrica, un incremento interanual del 189 %. En un informe suscripto por los economistas Alejandro Einstoss y Julian Rojo, titulado “Subsidios y tarifas energéticas en camino a una nueva crisis” en línea con lo expuesto por el ministro de economía Martin Guzmán, expresan que los “costos energéticos que marchan al ritmo de la inflación, hicieron que el subsidio en dólares crezca a un ritmo del 50 % anual”.

Si este es un razonamiento económico básico, también lo es que los subsidios energéticos tuvieron un marcado aumento desde el 2006 hasta la fecha, caracterizándose por un acentuado acento pro-rico. Según datos de la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares el 20% mas rico de la población recibe el 30 % de los subsidios y el 20 % mas pobre, apenas pasa el 12 %.

Según señala en su cuenta de twitter Leopoldo Tornarolli, economista e investigador del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), Universidad de La Plata,“ el beneficio tiende a ser mayor cuanto mas alto el ingreso del beneficiario” y asimismo Jorge Puig y Leandro Salinardi, en el documento de trabajo N° 183 del mismo centro, cuantifican el monto: “considerados conjuntamente, el 20 % mas rico de la población recibe alrededor del 30 % de los subsidios, mientras que el 20% mas pobre, concentra poco mas del 12 % de los mismos” y señalan críticamente que “el subsidio al transporte aéreo no solo es pro-rico, sino que a su vez es regresivo, aspecto que pone en jaque su justificación, al menos desde el punto distributivo”.

Además del sesgo pro-rico que tienen los subsidios, los subsidios que recibieron los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) “triplica al recibido por las provincias de menor desarrollo relativo del Norte del país” según un estudio del año 2015 de Lucio Castro y Magdalena Barafin del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) titulado “Buscando la Diagonal. Como reducir los subsidios protegiendo los sectores vulnerables”. Este estudio revela que en el año 2015 las tarifas promedio del transporte automotor en Rosario y Córdoba eran un 60 % mas altas que en el AMBA, en base a datos de la CNRT y las Municipalidades de Rosario y Córdoba. Prueba de la permanencia del problema es que los trabajadores de colectivos urbanos de AMBA cerraron sus paritarias con aumentos subsidiados por el Estado Nacional, mientras que los de la Provincia de Santa Fe amenazan con una huelga porque no pueden cerrar la paritaria local ante la resistencia del sector empresario que recibe menores subsidios.

El camino a recorrer para procurar una política mas equitativa tanto en el orden social (proteger sectores vulnerables) como regional debe partir de una modificación gradual de las tarifas que acompañe la inflación y la implementación de una TSCG (Tarifa Social por Categorías Generales) generada a partir de una campaña de auto identificación de los sectores incluidos para evitar los posibles errores de exclusión. En relación a la situación regional debería establecerse un coeficiente que grave mas los consumos en el AMBA que goza de los beneficios de las externalidades que provoca el mercado ampliado con una gran masa poblacional y una infraestructura mayor que debería compensar a las regiones de mayor atraso en infraestructura y población.

 

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