Benito Antonio Malvárez

El periodista que en 1925 confirmó la masacre de Napalpí

Por Vidal Mario
lunes, 19 de julio de 2021 · 00:06

Por Vidal Mario

(Escritor e historiador)

 

Cuando el Chaco era territorio nacional, algunos gobernadores enviados por el Ministerio del Interior de la Nación procedían como los gobernantes procedían 500 años atrás, en la Europa medieval.

Así fue, especialmente, durante la gobernación del abogado rosarino Fernando Centeno.

Respecto del mismo, el periódico “El Economista Argentino” del 19 de agosto de 1924 informó:

“Todos los días tenemos telegramas que hablan como no se habló nunca de los desheredados sociales que pueblan el territorio nacional del Chaco. Todos los días sabemos que los que roban, asesinan, asaltan, falsifican y hacen de todo un infierno son los comisarios, los vigilantes, el gobernador Centeno, su séquito, y el juez, que es de Centeno”.

El 4 de septiembre de 1924, el diputado nacional Francisco Pérez Leirós también denunció, durante una interpelación al ministro del Interior, Vicente S. Gallo:

“El gobernador del Chaco no permite que en Resistencia haya periódicos opositores, y cuando los hay los persigue con el propósito de que emigren de allí, o que vencidos por sus continuas exigencias claudiquen y pasen a defender sus intereses”.

En una atmósfera como la citada, la labor de los periodistas era muy difícil, casi suicida.

La siguiente declaración del director de “La Voz del Chaco”, Luís D’Ambra, hecha el domingo 11 de noviembre de 1923 durante una reunión en la Sociedad Italiana de Resistencia refleja los peligros a que se exponían los periodistas de entonces:

“Me hizo llamar el gobernador, y me hizo hacer una larga espera. Luego me preguntó para qué había venido. Sorprendido, le contesté que él me había hecho llamar. Me reprochó que no estaba siendo correspondido con la amistad, y terminó diciéndome: “Sepa que a mí no me falta gente para cocerlo a puñaladas”.

Desde ese momento, el referido periódico se hizo “partidario” del gobernador Centeno.

“Seríamos más que zonzos en ponernos contra el gobierno”, se sinceró D’Ambra.

Tenía razón. Centeno era realmente siniestro. Fue el que provocó la horrible masacre de aborígenes de la reducción Napalpí el 19 de julio de 1924, hace 97 años.

 

El periodista perseguido

 

Otro periodista con alma de suicida fue Benito Malvárez (Benito Antonio Malvárez León), el hombre que como director de “El Heraldo del Norte” en junio de 1925 confirmó con lujo de detalles la tremenda matanza que hubo en Napalpí.

Nacido en 1883 en Muros (España), en 1911 se instaló en el Chaco y fundó “El Heraldo del Chaco”. Era un enemigo natural de cuantos gobernadores corruptos iban pasando.

Hasta que no le quedó más remedio que cerrar su “Heraldo del Chaco” y huir a Corrientes, donde levantó un nuevo periódico al que le puso de nombre “El Heraldo del Norte”.

Uno de los más encarnizados perseguidores de éste incisivo periodista fue Enrique Cáceres, otro nefasto gobernador.

Tan impresentable era éste que el 21 de diciembre de 1918 la Unión Cívica Radical del Chaco mandó una nota al presidente Yrigoyen pidiendo, para él, “sumario y destitución, por actos de corrupción en perjuicio de la Reducción de Napalpí”.

Eran numerosas las denuncias contra él. La que tenía que ver con la Reducción de Napalpí señalaba:

“El doctor Enríque Cáceres, gobernador del Territorio, vendió 8.000 toneladas de rollizos de quebracho colorado pertenecientes a la Reducción Indígena de Napalpí. La vendió al señor Genaro Carrió al ínfimo precio de 14 pesos la tonelada.

Denunciamos con pruebas documentadas que en éste negociado el comprador, señor Genaro Carrió, le entregó al doctor Cáceres una “comisión” de 10.000 pesos, por lo cual solicitamos su inmediata separación del cargo de gobernador”.

 

Un fallo ejemplar

 

Por difundir noticias como esas, Benito Malvárez fue muchas veces apresado. En una oportunidad hasta se le dictó prisión preventiva “por publicaciones aparecidas en los números 522, 523, 524 y 526 del periódico “El Heraldo del Chaco”.

La Cámara de Apelaciones con asiento en Paraná (Entre Ríos) ordenó liberarlo por entender que las críticas aparecidas en aquellos números de su periódico “no contienen los elementos constitutivos del delito de desacato que se atribuye al inculpado”.

En fallo ejemplar, los jueces camaristas también llegaron a la siguiente conclusión:

“Los conceptos vertidos contra diversos funcionarios del Territorio del Chaco en las mencionadas publicaciones aparecen formando parte de cargos concretos formulados contra dichos funcionarios y, por tanto, si los sindicados se reputan calumniados o injuriados deben realizar la acusación pertinente contra su autor”.

Además, observaron y subrayaron que en la resolución por la cual se ordenó la detención del periodista, “el juez utilizó conceptos que no condicen con la serenidad y circunspección que los magistrados deben guardar en el ejercicio de sus funciones”.

En líneas que merecidamente podrían ser aplicados a casos similares que ocurren hoy día, en el caso Malvárez dichos jueces camaristas terminaron señalando:

“La ley ampara al funcionario contra la amenaza o la ofensa, pero no lo escuda contra las imputaciones o denuncias por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. De otro modo, la impunidad más completa rodearía a los agentes del gobierno, con agravio a la responsabilidad que a todos los funcionarios del país sin excepción imponen la Constitución y las leyes, como consecuencia de la forma republicana de gobierno adoptada por la carta fundamental”.

Por estas razones, el 22 de mayo de 1923 ordenaron “la inmediata libertad del detenido Benito Malvárez”.

Quince meses después (27 de junio de 1925), su diario “El Heraldo del Norte” editado en Corrientes, donde estaba exiliado, trajo un suplemento especial con inéditos y desconocidos detalles sobre la masacre de Napalpí, ocurrida en julio del año anterior.

Benito Malvárez murió en Buenos Aires el 13 de noviembre de 1966, a los 83 años.

  

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