La ONU pidió que se investigue violencia en Nicaragua
Los hechos de violencia en ese país ya dejaron más de 200 muertos en los últimos dos meses.
Nicaragua- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Zeid Ra'ad al Hussein, recomendó hoy crear una comisión internacional para investigar la violencia política derivada de las protestas en Nicaragua, que dejaron más de 200 muertos en los últimos dos meses.
Al Hussein repudió además la violenta intervención de fuerzas policiales y grupos pro-gubernamentales contra la población.
Prácticamente todas las víctimas "lo han sido a manos de fuerzas policiales o de grupos pro-gubernamentales, incluso con la participación de francotiradores", denunció Zeid en la presentación de su informe global en la sesión inaugural del Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra.
Mencionó que las acciones violentas ocurridas en Nicaragua provocaron además al menos 1.500 heridos.
A ese cúmulo de víctimas deben agregarse "secuestros y desapariciones" de un número indeterminado de personas, agregó Zeid, quien expresó su horror por actos como incendios premeditados ocurridos hace dos días, indicó la agencia española de noticias EFE.
El comisionado de las Naciones Unidas (ONU) dijo que espera que los compromisos que se hicieron el viernes pasado, cuando se reanudó el diálogo entre el Gobierno y la oposición, sean respetados, lo que incluye en particular "que se detenga toda forma de violencia y amenazas".
La oficina de Zeid Ra'ad al Hussein reclamó al Gobierno del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, que acepte de forma urgente la visita de sus expertos, tras varias peticiones en este mismo sentido que fueron desoídas.
"Esta invitación debe ser emitida sin demora", insistió. Nicaragua está sumida en la crisis política más violenta desde la década de 1980, cuando Ortega también era presidente.
Las protestas contra el mandatario, que lleva 11 años en el poder, y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril pasado a raíz de unas fallidas reformas a la seguridad social, y se convirtieron en una exigencia de renuncia hacia los gobernantes que incluyó acusaciones de abuso y corrupción.