España: La última ley. Por Tomás Hernández

Por Tomás Hernández

(Escritor)

 Especial Granada.           

            El próximo 7 de julio hará cuarenta años que se aprobó la ley del divorcio. Las tres preocupaciones de los españoles eran el terrorismo etarra, el miedo a un golpe de estado militar, que se pondría en escena unos meses después, y el paro. ETA ya no existe, aunque algunos parecen añorarla, el ejército ha comprendido su función en la sociedad, pese a los generalotes valleinclanescos, y el paro sigue ahí con las fauces abiertas, sobre todo contra los más jóvenes.

            La ley se aprobó con los votos de la UCD y el PSOE, 102, frente a 117 abstenciones. Se abstuvo la Alianza Popular de Manuel Fraga, si bien Fraga aparece en un vídeo previniendo de la descomposición de la familia, y Álvarez Cascos en otro vídeo diciendo no sé qué cosas de la ley natural. Parece que los animales, si de naturaleza se trata, tienden a la monogamia y a la fidelidad conyugal. Muchos de los abstencionistas, y de los votantes de los abstencionistas, hicieron largo uso de la libertad de esta ley, aunque no fuera de obligado cumplimiento; vamos, que la ley del divorcio no obligaba a nadie a divorciarse. Hay leyes para ser obedecidas, pagar a Hacienda, por ejemplo. Otras sólo legalizan el ejercicio de la libertad. El argumento de los que se oponían a la ley era el de siempre, “había cosas más urgentes” y llevaban razón. Siempre habrá cosas más urgentes, es una cuestión de perspectiva.

            En el año 2005, por estas mismas fechas de finales de junio, el Congreso legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo. Los abstencionistas del divorcio, refundados ahora como Partido Popular, se oponen abiertamente. ¡Hasta aquí podríamos llegar! Ahora sí, de verdad, adiós familia, bienvenido el pecado “contra natura”. Pero la argucia que utilizaron fue más bien semántica. El matrimonio, por pura etimología, sólo puede darse entre un hombre y una mujer. Si se cambiara el nombre... también seguirían votando en contra, pero mientras tanto la ley era ilegal. Votan a favor 186 diputados, más el voto de la exministra del PP, Celia Villalobos, 187. En contra, el  Partido Popular y algunos diputados de Unió, el partido de Pujol, el abuelo de Puigdemont, políticamente hablando.

            Ayer, 24 de junio, festividad de San Juan, entró en vigor la Ley para el derecho a una muerte digna. El PP votó en contra el pasado mes de marzo, cuando se tramitó la ley, porque es “inconstitucional, frívola, chapucera e injusta” y actúa “contra los más vulnerables”. La coletilla tiene tela que cortar, pero no es el momento. Propone el PP los tratamientos paliativos, como si no existieran ya en la Seguridad Social. VOX, los compañeros de votación, no se andan con retóricas. Es ilegítima y legaliza las sentencias de muerte.

            La ley de la eutanasia, como la del divorcio, como la del matrimonio, no es de obligado cumplimiento. ¿A qué se oponen entonces?