La Justicia de Paraguay acusó formalmente al ex senador Kueider de contrabando
Paraguay. El ex senador nacional Edgardo Kueider fue acusado formalmente ayer en Paraguay de contrabando por el fiscal Ysrael Villalba Ramírez, junto a su acompañante Iara Guinsel Costa, por haber sido “hallados en flagrancia, movilizando dinero en efectivo en territorio aduanero, sin la documentación que acredite su introducción legal al país”.
El delito está tipificado en el Código Aduanero - Ley N.º 2422/2004 - y sus modificatorias establecidas en la Ley 6417/19, en concordancia con los artículos 4°, 26, 27 y 29 del Código Penal Paraguayo. Tiene una pena en ese país de hasta 5 años de prisión, que debe ser determinada por un juez en un juicio oral. Por encima de los 2 años, en Paraguay, es de cumplimiento efectivo en una cárcel. Si la condena es entre un año y dos, puede ser de ejecución en suspenso a prueba. En el caso de que Kueider recibiera una condena de menos seis meses, podía pagar una multa a cambio de la pena. Si la condena fuera entre seis meses y un año, es el juez quien decide si la conmuta por el pago de dinero.
El ex legislador fue interceptado en la frontera de Paraguay, proveniente de Brasil, con USD 211.000 en su auto sin declarar. También le fueron encontrados, en un procedimiento de control en la frontera, 640.000 guaraníes y 3.900.000 pesos argentinos.
Argentina pide la extradición
Mientras tanto, sigue pendiente el trámite de extradición solicitado por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, quien lo investiga en Argentina por lavado de dinero, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito. El pedido fue promovido por el fiscal federal interviniente en la causa, Fernando Domínguez.
Por segunda vez, la Justicia de Paraguay rechazó esta semana la solicitud de la Justicia argentina de extradición, debido a “deficiencias” por la “superposición de normativas internacionales” y falta de “documentos clave”.
La fiscal adjunta Matilde Moreno solicitó, nuevamente, por la vía diplomática la aclaración de los términos del requerimiento, conforme al Tratado de Extradición entre Paraguay y Argentina. Aunque Argentina remitió información adicional, según la contestación del Ministerio Público Fiscal de Paraguay a la magistrada argentina. “persistieron inconsistencias”.