Patricia Bullrich: “Nos interesa adaptar el modelo de Bukele”

Buenos Aires. El domingo, luego de autoproclamarse presidente de El Salvador, Nayib Bukele habló de la Argentina. Habló, curiosamente, de Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, y de la crisis de inseguridad en Rosario.

“Nosotros hemos ofrecido oficialmente a la ministra Bullrich no asesoría, porque creo que esa no es la palabra, sino la colaboración que ellos necesitan en todos los temas en seguridad”, explicó Bukele. Habló, desde ya, de una cuestión de escalas: San Salvador no es igual a la ciudad más caliente de Santa Fe. Los Monos no son la Mara Salvatrucha. Pero el espíritu de cooperación, supuestamente, está.

Ayer, un día después, Patricia Bullrich señaló en diálogo con Infobae que “cuando fue la asunción de Milei, Bukele no vino. Vino, en cambio, su ministro de Seguridad. Tuvimos intercambios, una charla, sobre la problemática y cómo ellos habían disminuido el delito. Quedamos en organizarnos una visita allá sabiendo que la problemática de ellos es re difícil, re dura, pero que lograron una baja muy, muy importante. Me sorprendió que surgiera mi nombre, pero se ve que el ministro lo habló. Todavía no retomamos el tema”.

En referencia a si el Gobierno argentino aceptaría el aporte de Bukele, Bullrich afirmó que “técnico, sí. Efectivos, no. Ya los tenemos, entre fuerzas federales y provinciales. Sí técnico, de cómo lograron avanzar sobre el delito y la legislación. Nos interesa adaptar el modelo de Bukele. La violencia en Argentina está fuerte. El último fin de semana hubo muertos en el fútbol, fue un verano con peleas permanentes, banditas. El modelo de la mara es complicado, pero vemos el aumento de nivel de violencia de banda que se cruzan, o los enfrentamientos en boliches. Esa violencia, trabajar sobre eso, nos interesa”.

El modelo de Bukele, según Amnesty International, “ha resultado en más de 66 mil detenciones, en su mayoría arbitrarias, el sometimiento a malos tratos y tortura, violaciones flagrantes al debido proceso, desapariciones forzadas y la muerte de al menos 132 personas bajo la custodia del Estado, quienes al momento de su fallecimiento no habían sido declarados culpables de ningún delito”.