Conflicto en Aerolíneas Argentinas
El Gobierno habilitó la operación de pilotos y aeronaves extranjeras
Buenos Aires. En su estrategia para debilitar a los gremios y avanzar en la privatización de Aerolíneas Argentinas (AA), el presidente Javier Milei dictó un decreto que revierte los derechos de protección del trabajo nacional y habilitó la contratación de aeronaves y personal de tripulación extranjero para brindar servicios en la empresa de bandera.
La jugada es posible por la vigencia del Decreto 70/2023 dictado a días de haber asumido Javier Milei y va de la mano con la iniciativa oficial de entregarle parte del servicio de AA a compañías privadas a fin de contrarrestar las medidas de fuerza que los trabajadores aeronáuticos llevan a cabo en demanda de actualización salarial.
La nueva decisión que hoy fue dictada en el Decreto 884/24 publicado en el Boletín Oficial hace entrar en vigencia la modificación del Código Aeronáutico que el megadecreto había impulsado en detrimento del trabajo nacional.
Ese decreto elaborado, entre otros, por el entonces asesor y ahora ministro Federico Sturzenegger modificó los artículos 106 y 107 del Código Aeronáutico (Ley 17.285) con la excusa de “mejorar la competitividad del sector” y “reordenar la legislación aerocomercial para dotar al mercado de un entorno competitivo”.
El texto nuevo dice que, en un plazo de dos meses, “el Poder Ejecutivo Nacional podrá autorizar un porcentaje de personal extranjero”. Antes, lo que establecía esa norma que rige los servicios aerocomerciales y de aviación general que está en manos de la Administración nacional de Aviación Civil (ANAC), decía que los servicios de Aerolíneas debían ser prestados por personal argentino.
Lo que también dispuso el decreto firmado por Javier Milei y el ministro Luis Caputo es que “el Poder Ejecutivo permitirá la utilización de aeronaves de matrícula extranjera”. Hasta ayer, las aeronaves afectadas a los servicios de aviación comercial debían “tener matrícula argentina”.
Los cambios entrarán en marcha dentro de 60 días, que es el plazo que el Gobierno le dio a la Autoridad Aeronáutica Nacional para dictar la nueva reglamentación.