El Gobierno asumió la conducción de la Universidad Madres de Plaza de Mayo

Buenos Aires. El conflicto entre el Gobierno nacional y los integrantes de la Universidad Madres de Plaza de Mayo registró otro capítulo. En las próximas horas un grupo de personas será denunciado por “usurpación” del edificio donde funcionó la sede la de la casa de estudios fundada por Hebe de Bonafini, ubicado en la calle Defensa 119 de la Ciudad de Buenos Aires.

El conflicto se originó por la decisión del Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello, de revisar las últimas universidades que creó el kirchnerismo antes de dejar el gobierno. Una de ellas era la organización que fundó Bonafini y que después de su fallecimiento fue absorbida y financiada por el Estado. Esa medida implicó que se dejaron de transferir recursos y se desconocieron las autoridades.

La Justicia, en dos instancias, rechazó la medida cautelar presentada por ese centro de estudios, contra la decisión oficial de “establecer el proceso de revisión de la creación e inicio de actividades académicas de las nuevas cinco instituciones universitarias”, aprobada por el Parlamento el 27 de septiembre de 2023. Hasta ese momento funcionaba como Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo.

En ese contexto, hoy el rector normalizador, Eduardo Maurizzio, prohibió el ingreso “a las instalaciones a esa casa de altos estudios por razones de seguridad e higiene”. Según explicaron a Infobae autoridades nacionales, los seguros de vida de los trabajadores de la institución y elementos de seguridad, como matafuegos, están vencidos.

A través de un comunicado, la Asociación Madres de Plaza de Mayo denunció que el Gobierno de Javier Milei “impide a través de uniformados de la Policía Federal el ingreso de los trabajadores de nuestra Universidad a su sede para cumplir sus tareas”.

Desde la Subsecretaría de Políticas Universitarias desacreditaron los términos del mensaje y aclararon: “La de hoy es una medida preventiva y de seguridad que se levantará en cuanto se normalice esta situación”.

Por su parte, Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias aseguró: “Ante la campaña del miedo que fomentan algunos, no vamos a cerrar ninguna universidad creada por ley. Estamos analizando los contenidos y la calidad educativa de algunas universidades. Pero no las vamos a cerrar”.

La disposición generó la reacción de personal y asistentes a esa entidad, quienes convocaron a una movilización. El perímetro fue reforzado por efectivos de la Policía de Seguridad que impidieron el ingreso que por la fuerza quiso realizar un grupo de manifestantes.

En las afueras se vivieron momentos de tensión pero no hubo incidentes entre quienes protestaban y los numerarios enviados desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich. Antes que llegaran los efectivos, un pequeño grupo de personas lograron entrar y permanecían en el edificio.

El inmueble pertenece al Ministerio de Justicia. Pero la planta baja y dos pisos más habían sido cedidos por el gobierno anterior para el funcionamiento, primero del Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo, y, a partir del 27 de septiembre de la universidad que lleva el mismo nombre.