Francisco Adorni rectificó su declaración jurada

Buenos Aires. A menos de una semana del inicio de la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, el diputado de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza, Francisco Adorni, se presentó ante el ARCA y la Oficina Anticorrupción para rectificar sus declaraciones patrimoniales. El expediente se tramita a raíz de una denuncia promovida por la diputada nacional Marcela Pagano.
La investigación penal, impulsada por el fiscal federal Guillermo Marijuán, derivó en la solicitud del levantamiento del secreto fiscal y bancario del legislador. Cabe destacar que esta causa corre por una vía independiente a la investigación judicial que involucra a su hermano, el jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Los puntos cuestionados por la denuncia

La presentación de Pagano advirtió presuntas inconsistencias patrimoniales desde el ingreso de Francisco Adorni a la función pública, donde se desempeñó en la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y posteriormente al frente del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF). Entre las sospechas figuraba la supuesta cancelación en 12 cuotas de un crédito hipotecario de $60.000.000 otorgado por el Banco Provincia, monto considerado injustificable para sus ingresos.
El abogado defensor de Adorni, Marcelo Peña, desmintió de forma tajante dicha acusación ante la prensa. Explicó que el préstamo bancario fue solicitado originalmente en el año 2016 y que el diputado continúa abonando las cuotas correspondientes en la actualidad. En consonancia, la Justicia se encuentra a la espera de un informe analítico del Banco Provincia para corroborar el cronograma de pagos y la amortización del crédito.

Omisiones admitidas y medidas de prueba

La defensa reconoció que existió una omisión involuntaria en la última declaración jurada al consignar una valuación menor a la real sobre el 50% de su propiedad ubicada en City Bell. Se trata de un dúplex de 162 metros cuadrados que figuraba valuado en $38.790.000. "Este error no constituye por sí mismo un delito, pero lo subsanamos ante los organismos correspondientes para corregir la omisión", afirmó Peña, asegurando además que todo el patrimonio está debidamente bancarizado.
El Juzgado Federal N° 6, subrogado por el juez Daniel Rafecas, ordenó un procedimiento en la sede del Ministerio de Defensa con el propósito de retirar documentación de legajos y recibos de sueldo. Paralelamente, se encuentran en producción diversos informes requeridos a la Inspección General de Justicia (IGJ), la Unidad de Información Financiera (UIF), la Dirección Nacional de Migraciones y el Banco Central.