Autovía de Punilla, un proyecto en deuda con el Acuerdo de Escazú

Por Brenda Austin*

   De manera sorpresiva y en el cierre de un año plagado de dificultades, el Gobierno de la Provincia de Córdoba envió a la Legislatura un proyecto para avanzar con la nueva traza de la Autovía de Punilla. Esta iniciativa generó hace dos años el “Punillazo”, un movimiento vecinal que se unió en rechazo a las obras y que vuelve a reclamar ahora “participación ciudadana” en la toma de decisiones.

   El de Punilla es uno de los primeros debates ambientales en la Argentina luego de que se ratificara a través del Congreso Nacional el Acuerdo de Escazú, un instrumento jurídico pionero en la materia, que garantiza el derecho de todas las personas a tener acceso a la información de manera oportuna y adecuada, a participar de manera significativa en las decisiones que afectan su entorno y a acceder a la Justicia cuando estos derechos hayan sido vulnerados.

   La discusión en torno a la autovía sigue transcurriendo, como hace dos años, con argumentos enfrentados respecto al desarrollo económico y la protección del ambiente en la región. Sin embargo, el Acuerdo de Escazú es contundente al señalar que sólo asegurando la participación de la comunidad en todas las decisiones que la afectan y estableciendo de esta manera una nueva relación entre el Estado, el mercado y la sociedad, es posible refutar esta falsa dicotomía entre la defensa del ambiente y el crecimiento económico. Es decir, no puede haber desarrollo a expensas del medio ambiente, y no puede gestionarse el medio ambiente desconociendo a nuestros pueblos y nuestras economías.

   Llama la atención que el Gobierno de Córdoba afirme que el proyecto contempla la opinión de las asambleas ambientales de la región, cuando éstas aseguran desconocer los pormenores de la nueva traza, los estudios de impacto ambiental, el financiamiento de las obras y piden que se garantice la participación ciudadana prevista por ley. Si realmente se busca contar con licencia social para avanzar, la convocatoria a una audiencia pública parece entonces insuficiente ante una obra de tamaña magnitud, que tendrá un impacto significativo a lo largo de todo el valle y comprometerá a las generaciones actuales y futuras.

   Al respecto, el Acuerdo de Escazú no plantea grises en cuanto al alcance del concepto de participación ciudadana en asuntos de interés público. Señala que debe producirse de forma temprana; a lo largo de todo el proceso e, incluso, después de la puesta en marcha de cada proyecto. Es deber de las autoridades garantizar el acceso a la información de manera previa, velar por una participación amplia e inclusiva y, finalmente, informar de qué manera fueron tenidos en cuenta los aportes que brindó la ciudadanía.

   Por otro lado, el tratado insta a los Estados a capacitar a sus funcionarios/as. Ese es, de hecho, el sentido de la denominada “Ley Yolanda”: garantizar la formación integral en perspectiva de desarrollo sostenible, apoyada en valores sustentables y ambientales, para las personas que se desempeñen en la función pública. Es imperioso que quienes toman decisiones en el plano público lo hagan en consonancia con este enfoque.

   En este escenario, debemos también preguntarnos sobre el sentido de oportunidad de esta megaobra vial en una región que viene demandando hace años inversiones en infraestructura que resuelvan los problemas de la falta de cloacas, el saneamiento de los diques y la protección de sus cuencas hídricas. Es una lástima que, en una zona con una deuda ambiental enorme, el Gobierno de la Provincia elija priorizar las inversiones en una obra que genera tensión con los habitantes del lugar. Y, justamente, en un año en el que la región perdió miles de hectáreas de monte nativo por los incendios forestales. La energía debería estar puesta en proteger los ecosistemas y no en seguir dañándolos.

   La ratificación de Escazú implica para nuestro país compromisos efectivos y claros en el acceso a la información ambiental y en los procesos de escucha activa de los ciudadanos involucrados. Nada de eso está garantizado en este nuevo proyecto para la Autovía de Punilla. El desafío es, como en todos los casos, llegar a un escenario de conciliación y sustentabilidad, que asegure el bienestar social y ambiental, así como las oportunidades de crecimiento económico. Eso será posible solamente a través de procesos transparentes y participativos. No hay futuro posible sin un presente basado en el desarrollo sostenible. Es tiempo de actuar.



23 de diciembre de 2020.

*Diputada nacional por Córdoba por la UCR.