En pandemia, Llaryora ya paga 25% más de sueldos que Mestre
La denuncia la hizo el concejal Juan Pablo Quinteros en base a registros de la Caja de Jubilaciones, sumados, servidores urbanos y promotores de convivencia.
El intendente de Córdoba Martín Llaryora gobierna como si fuera un autócrata, con ordenanzas que se aprueban con mano de yeso y disponiendo el tratamiento parlamentario de emergencia.
Por caso, desoyendo las Ordenanzas de Presupuesto para los años 2020 y 2021, que establecen un total de 10.529 cargos en la Municipalidad de Córdoba, hoy prestan funciones en el Estado capitalino más de 13 mil agentes; un 25% más de lo que establecen las ordenanzas presupuestarias.
En mayo del año pasado, en plena pandemia por el Covid-19, el Concejo Deliberante de Córdoba debatió y aprobó en una polémica sesión que incluyó empleados municipales detenidos, una ordenanza enviada por el intendente Martín Llaryora, con la que recortó 15% el salario básico de los trabajadores y redujo la jornada laboral de los municipales de siete a seis horas diarias. Ni bien comenzó la cuarentena obligatoria y preventiva, la Municipalidad de Córdoba ya le había recortado el 30% del sueldo a todos los empleados de servicios no esenciales por el ítem Prolongación de Jornada.
El argumento del intendente Llaryora del ajuste a los trabajadores era que la Municipalidad debía ahorrar recursos destinados a masa salarial. Ese ataque al personal fue denunciado por la secretaria general del Sindicato Unión de Obreros y Empleados Municipales (SUOEM), Beatriz Biolatto, quién elevó al Ministerio de Trabajo de la Nación y ante la Justicia una queja formal por la violación del DNU presidencial 329/2020 del 31 de marzo: “Ese decreto del Presidente apunta específicamente a proteger el sostenimiento de las relaciones laborales y sus condiciones durante 60 días”.
Nueve meses después, el concejal Juan Pablo Quinteros de Encuentro Vecinal, reveló que el ajuste de Llaryora fue una mentira y que actualmente la Municipalidad de Córdoba paga 25% más de salarios, becas y monotributos: “En diciembre de 2020, la cantidad de aportantes a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba fue de 10.566 cargos, cifra que resulta contradictoria con la consignada en el presupuesto aprobado y es curiosamente superior a la erogación en el último mes de la gestión de Ramón Mestre, que en diciembre de 2019 registró 10.475 aportantes”, afirmó Quinteros a El Diario.
El concejal opositor agregó que “tomando como base los 10.566 cargos “aportantes” e incorporando los 1.800 servidores urbanos informados por los medios y unos 130 promotores de convivencia; llegamos a un total aproximado de 12.500 personas que reciben algún tipo de remuneración por prestar servicios al municipio. A esta cifra le debemos agregar una cantidad indeterminado de monotributistas que trabajan para la Municipalidad de manera regular, así como el personal que emplea el actual Ente Municipal Córdoba Obras y Servicios (COyS) y la TAMSE que brindan una variada y cada vez mayor oferta de servicios. Estos dos últimos cuentan con “comisiones fiscalizadoras” y escapan a las normas de control previstas en nuestra Carta Orgánica Municipal. COyS y TAMSE se han convertido en dos pilares de gestión que “compiten” por fuera con las estructuras de las áreas operativas del municipio”.
Quinteros alertó a El Diario que “cuando citamos las cifras de la Caja de Jubilaciones, tenemos datos certeros, oficiales; pero al referirnos de los servidores urbanos, nos basamos en los números que ellos mismos consignan, además de los publicados en los medios. Lo mismo pasa con los promotores de convivencia, ya que, pese a los numerosos pedidos de informe, nunca el Ejecutivo municipal, brindó información oficial ni siquiera extraoficial”.
El concejal de Encuentro Vecinal aseguró que “paradójicamente la estrategia de comunicación del intendente Llaryora consistió en mostrarse como un racionalizador del gasto en personal, con recortes y no renovaciones de contratos. Lo cierto es que el gasto presupuestado en 2021 para el rubro personal (inciso 1) tuvo una suba respecto al 2020 del 22% a esto se le agrega lo anteriormente señalado de los servidores urbanos, promotores de convivencia, monotributistas, COyS y TAMSE. Podemos afirmar, sin lugar a equivocarnos, que la gestión de Martín Llaryora ha batido todos los récords en cantidad de personal que de manera directa o indirecta prestan servicios al municipio cobrando, en todos los casos, de la misma caja”.
Un dato que resalta es que “desde hace 11 meses el municipio, por una cuestión sanitaria, se encuentra en receso administrativo, con áreas paralizadas y personal sin prestar servicio”.
En diálogo con El Diario, Quinteros acusó que “no solamente se ha incrementado notablemente la cantidad de personal sino que se lo ha precarizado, aumentando en muchos casos el peso de los componentes no retributivos sobre los retributivos con su correspondiente impacto en el déficit de la Caja de Jubilaciones. Estas políticas constituyen una clara violación a los principios ideológicos de la justicia social. Bajo el argumento de estar ordenando las cuentas públicas adoptan políticas rayanas al liberalismo más salvaje que ni el exintendente Germán Kammerath se hubiese atrevido a llevar adelante. La situación macroeconómica del país y la provincia los favorece en la aceptación de esas condiciones por parte de los trabajadores”.
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