Carlos Paz: Cruces por la denuncia sobre la elección del Defensor del Pueblo

La elección del Defensor del Pueblo de Villa Carlos Paz levantó temperatura en las últimas horas por la denuncia que hicieron varios candidatos sobre la transparencia de los comicios. Hubo cruces entre dirigentes del oficialismo y la oposición y hay un profundo malestar en el seno de la Junta Electoral, el organismo que garantiza y fiscaliza el proceso de votación.

Detrás de las denuncias, se encuentran los candidatos María Angela Mancuello (Vecinos con Voz), Santiago Juliá (Unión Celeste y Blanca) y Marcelo Iriarte (El Defensor Avanza con Transparencia), quienes aseguraron que fueron testigos de una «estrategia de manipulación, presión e instigación orquestada desde la estructura política oficialista». 

Inmediatamente, llegó la respuesta del otro lado, y se tildó a los denunciantes de «irresponsables», de buscar «perjudicar el ejercicio de la democracia» y de «abrir el paraguas por miedo a sufrir una dura derrota» en las urnas.

Al tomar conocimiento del planteo sobre la transparencia del proceso eleccionario, desde la alianza Ética y Compromiso (que lleva como candidatas a Miriam Castellino y Fabiana Rocaspana) publicaron un documento que se titula: «No caer en lo mismo del otro lado. Ni oficialistas ni opositores» y se distanciaron de las acusaciones. 

«Desde la Alianza Ética y Compromiso compartimos la preocupación de otros candidatos a la Defensoría relativa a que la Junta Electoral Municipal debe maximizar la atención y control sobre el proceso electoral, para garantizar el cumplimiento de todas las disposiciones legales y para asegurar la libertad y el secreto en el ejercicio del voto ciudadano (...) No compartimos que la forma y método de denuncia sea irresponsable con la institucionalidad. La Defensoría exige máximo compromiso con la seriedad y con el respeto a las buenas prácticas institucionales. En todo proceso electoral se pueden presentar denuncias fundadas en pruebas, pero de ninguna manera se pueden adelantar juicios u opiniones generales sin pruebas o previos a cualquier investigación seria»; expresaron en el texto dado a conocer este miércoles 18 de junio»; expresaron Castellino y Rocaspana.

«La determinación de una conclusión del tipo que existe una “manipulación, presión e instigación orquestada desde la estructura política oficialista” o de la “utilización del Estado municipal como herramienta de campaña” debe ser el resultado de una investigación de la Junta Electoral Municipal. Los candidatos a la Defensoría deben limitarse a presentar pruebas particulares de forma responsable. La Alianza Ética y Compromiso se compromete a denunciar cualquier acto que implique la violación de las disposiciones legales relativas a la campaña electoral, sobre la base de pruebas y evidencia seria»; concluyeron.