La cárcel de Villa Dolores cuenta con su Unidad de Defensa Pública

sábado, 19 de octubre de 2019 · 18:53

Córdoba.- En otro avance en las políticas tendientes a la humanización del encierro carcelario, funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Tribunal Superior de Justicia recorrieron la nueva Unidad de Defensa Pública que funcionará en el establecimiento penitenciario N° 8 “Presbítero José Gabriel Brochero” de la ciudad de Villa Dolores.

Se trata de la tercera oficina abierta en cárceles de la Provincia, donde se realizaron obras de ampliación del pabellón N° 3 que permitieron anexar 135 metros cuadrados y refuncionalizar otros 30 metros, para 24 nuevas celdas con baño incluido, un comedor general, kitchenette y un sector de baños comunes.

Estos espacios tienen como principales objetivos brindar el servicio de Justicia a los internos de ese penal. Para ello se instalará, tal como viene ocurriendo en las cárceles de Bouwer y Cruz del Eje, un equipo con especialistas de la defensa pública que será el encargado de escuchar a los internos, vehiculizar sus inquietudes, detectar problemáticas, plantear distintas líneas de abordaje, asesorarlos jurídicamente, representarlos ante autoridades administrativas y judiciales, y realizar tareas de divulgación de derechos.

Entre las principales autoridades que participaron se encontraban los vocales del Tribunal Superior de Justicia, Aída Tarditti y Luis Eugenio Angulo; el ministro de Justicia y Derechos Humanos Juan Martín Farfán; la secretaria de Organización y Gestión Penitenciaria, Cecilia Lanzarotti; el jefe del Servicio Penitenciario, Juan María Bouvier; el fiscal de Cámara de Villa Dolores, Sergio Cuello, y demás vocales de cámara y jueces de instrucción e integrantes de la asesoría letrada.

La instalación de Unidades de Defensa Pública fue posible mediante el convenio de cooperación, tendiente a fortalecer el acceso a la Justicia de las personas patrocinadas por la defensa oficial que se encuentran privadas de su libertad, firmado en abril de 2018 entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el Tribunal Superior de Justicia.

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