Córdoba libera recursos y baja impuestos para reactivar la producción

El gobernador Martín Llaryora anunció la puesta en marcha del Plan de Reducción de Impuestos 2026, una estrategia provincial que contempla una disminución tributaria equivalente a $900.000 millones, con impacto directo sobre familias, comercios y actividades productivas. El mandatario destacó que el presupuesto toma como referencia la previsión nacional de crecimiento del 6% y busca “cuidar a los cordobeses y fortalecer la producción”.

El esquema fue presentado por el ministro de Economía y Gestión Pública, Guillermo Acosta, en la Legislatura. La iniciativa requiere doble lectura para su aprobación e incorpora alivios significativos en Ingresos Brutos, Inmobiliario Urbano e Inmobiliario Rural, con un enfoque prioritario en pequeños contribuyentes, inversiones industriales, educación, salud y sectores estratégicos.

En el caso de Ingresos Brutos, la Provincia aplicará una baja del 30% para pequeños comerciantes —del 3,5% al 2,5%— alcanzando al 64% del sector. Se establece además alícuota cero para empresas que facturen menos de $3.200 millones y destinen al menos el 1,2% de sus ingresos a inversiones dentro de la nueva Ley de Promoción Industrial. También habrá exenciones totales para proyectos radicados en el Noroeste y el Sur-Sur, financiamiento por Ley de Igualdad Territorial y la continuidad de alícuota cero en educación, agricultura, industria promovida y créditos hipotecarios.

En total, las modificaciones de este impuesto implican que el Estado provincial dejará de recaudar $450.000 millones, que pasarán directamente al circuito productivo.

Respecto del Inmobiliario Urbano, el Gobierno garantizó que ningún contribuyente tendrá aumentos reales: la actualización máxima será del 29%, equivalente a la inflación proyectada. Para un amplio sector habrá reducciones nominales de hasta el 25%, lo que representa un alivio real del 54%. A esto se suma la continuidad de beneficios para contribuyentes cumplidores, pago de contado y la exención total para 175.000 personas e instituciones.

El costo fiscal de estas medidas alcanza los $200.000 millones, que permanecerán en manos de familias y comercios.

En el Inmobiliario Rural, el tributo se ajustará según el índice de inflación rural, un acuerdo consensuado con todas las entidades agropecuarias. El 98% de lo recaudado será destinado al Fondo de Desarrollo Agropecuario. El paquete incluye descuentos para productores, beneficios por Buenas Prácticas Agropecuarias, tope del 29%, alícuota cero a la mera compra y exenciones para entidades sin fines de lucro, áreas protegidas y zonas con bosques nativos o afectadas por desastres.

El impacto estimado sobre este impuesto asciende a $250.000 millones, que también quedarán en la economía provincial.

Con este programa, Córdoba avanza hacia una de las reformas tributarias más profundas de los últimos años, con la expectativa de estimular el consumo, la inversión y la competitividad a partir de un esquema impositivo más simple y orientado al desarrollo.