Cuando el Estado se vuelve herramienta: una alerta para la democracia

Por Luis Hernán López

Lo ocurrido en Falda del Carmen no debería leerse como una simple disputa local entre oficialismo y oposición. Sería un error reducirlo a nombres propios o a un cruce de declaraciones. En realidad, lo que está en juego es algo más profundo y más delicado: el uso —o el abuso— de los instrumentos del Estado para dirimir conflictos políticos.
La decisión de declarar “persona no grata” a un dirigente opositor no es, en términos legales, una sanción efectiva. No impide circular, no prohíbe participar, no restringe derechos formales. Pero justamente ahí reside su potencia —y su peligro—: en el plano simbólico. Porque cuando una autoridad institucional señala a un ciudadano por sus opiniones políticas, lo que hace no es simplemente responder: es marcar un límite, trazar una frontera entre lo aceptable y lo castigable.
Y ese gesto, aunque no tenga consecuencias penales, erosiona un principio central de cualquier sistema democrático: la convivencia en el disenso.