Denuncias, polémica y la disputa política que envuelve a Villa Parque San Miguel

El asesor letrado de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, Darío Pérez, se refirió hoy a la polémica que se desató con la Cooperativa Integral por un contrato vinculado al servicio de agua en el nuevo ejido de la ciudad, luego de conocerse que -de forma irregular- la Asociación Civil Villa Parque San Miguel firmó un convenio con la entidad que viola las ordenanzas. Sin embargo, lo más escandaloso es que se confirmó que un representante de la Coopi es quien firmó el contrato y autorizó a la Coopi a que pueda decidir de forma unilateral «qué cobrarle a los vecinos y cuándo».

Cuando fueron conociéndose datos vinculados al entramado político que posibilitó la firma del convenio, provocó gran indignación entre los habitantes de la zona que se sienten estafados por Gabriel Napal, quien ejercía como representantes de la asociación civil y nexo con la cooperativa.

Darío Pérez es asesor letrado de la Municipalidad de Villa Carlos Paz y concedió una entrevista a El Diario, donde expresó: «El martes de la semana pasada se hizo una ampliación de la denuncia contra el presidente de la Asociación Civil Villa Parque San Miguel, Gabriel Napal, a partir de un informe que nos remitió el concejal Sebastián Guruceta. Este informe da cuenta de que existe un vinculo contractual entre la asociación civil y la Coopi que ha sido celebrado en contravención a la ordenanza Nº6612 que impide al municipio prestar de manera integral el servicio de agua».

«Este contrato le atribuye a la Cooperativa Integral la potestad de establecer la tarifa del servicio de manera unilateral, cuando ésta debe ser fijada por el Concejo de Representantes, no por la cooperativa ni la asociación civil que no tiene autoridad para delegar la aplicación de tarifas. Eso sumado a que también hemos tenido acceso a información que brinda Inspección de Personerías Jurídicas y revela que las autoridades de la asociación civil tienen mandato vencido, que además la asamblea habría sido convocada de manera ilegal y que no están aprobados los balances 2016, 2017, 2018 y 2019»; agregó.

De la misma manera, que Guruceta nos alerta que a partir de información brindada por la propia cooperativa, se conoció que el señor Napal es delegado y nos hace presumir que hubo una clara intencionalidad política en las acciones de este señor, de favorecer a la cooperativa en detrimento del municipio que está privado de planificar y gestionar el servicio de agua. Desconocíamos esta circunstancia que pone en tela de juicio el accionar de señor Napal, de un tiempo a esta parte, porque lo habíamos visto muy activo y lo que considerábamos gestiones encaradas por una institución sin fines de lucro, ahora se ven enmarcadas en una situación política»; explicó Pérez.

En otro fragmento de la entrevista concedida, el asesor letrado dijo: «Él es delegado de la Coopi y hace caso omiso a una ordenanza que se ha dictado con la finalidad de brindar el agua potable de manera integral (teniendo en cuenta la ampliación del ejido, el nuevo radio y los nuevos servicios), lo que nos hace pensar. Él nunca lo había manifestado que era integrante de la cooperativa. Lo que ha ocurrido es que un integrante de la cooperativa, autoriza a la misma cooperativa a prestar el servicio de agua en un barrio que hoy forma parte del ejido de Carlos Paz. Y no sólo eso, le dice que puede decidir qué cobrar y cuándo cobrarlo. Esto viola una ordenanza que le ordenaba abstenerse de celebrar un contrato, un pedido que se le hizo en término personales al Napal, porque el municipio tiene un plan y capacidad de prestación de servicio. Es una situación muy irregular de este señor, no ha tenido mandato vigente, era presidente de la asociación y parte de la Coopi y ha comprometido la prestación. Vamos a seguir bregando para que se haga cumplir la Carta Orgánica y el intendente ha manifestado la voluntad política de hacer una importante inversión en la zona y hacerse cargo del servicio, como ocurre en el resto de la ciudad»; completó.