Tensión en Carlos Paz: La justicia ordenó allanar la Coopi por rebeldía

El fiscal Ricardo Mazzuchi dictó una orden de allanamiento para que la comitiva municipal pueda ingresar a la Coopi, ante lo que se consideró un acto de rebeldía jurídica por impedir que se llevara adelante una verificación de las instalaciones ubicadas en Villa Carlos Paz. Se agotaron las instancias judiciales y hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia (ratificando lo resuelto por el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba) que favoreció el traspaso del servicio de agua al municipio.

Momentos de extrema tensión se viven en la sede ubicada en calle Moreno y Alvear, donde se concentraron directivos de la Cooperativa Integral que bloquearon de forma violenta el acceso a las oficinas y expulsaron al asesor letrado Darío Pérez, al secretario de Desarrollo Urbano Ambiental, Gustavo García Setti y a presentantes de la Subsecretaría del Agua.

Se aguarda la orden de la justicia para avanzar en el desalojo de las instalaciones, que fueron cercadas esta mañana por el gerente general Rodolfo Frizza y un grupo de dirigentes cooperativos.

«Queremos dejar en claro la irresponsabilidad de Frizza, Mario Díaz y un grupo de inescrupulosos que están convocando a los trabajadores a movilizarse hasta la Coopi para colocarlos en la primera línea de fuego. Los están exponiendo con la idea de que si se efectiviza el allanamiento, se genere una confrontación. Es un acto violento de quienes dicen ser víctimas de un atropello, la ciudadanía sabe muy bien que ellos son los violentos y que están forzando una situación de confrontación con las fuerzas de seguridad. Deberán hacerse responsables de lo que pueda suceder»; expresaron desde el Palacio «16 de Julio».

La justicia argentina reconoció a la Municipalidad de Villa Carlos Paz como titular del servicio de agua y ratificó el decreto firmado hace dos años por el entonces intendente Esteban Avilés.

El Departamento Ejecutivo, encabezado hoy por Daniel Gómez Gesteira, puso fin a la concesión y fijó un calendario que deberá cumplir la entidad desde fines de febrero (con la entrega provisoria del servicio) para que, a partir del mes de abril, el agua pueda ser prestada por el municipio.

Sin embargo, lo que debía ser un relevamiento de rutina se vio modificado por el accionar violento y desmesurado de algunos directivos encabezados por Frizza, lo cual derivará en un acción penal. El mayor temor es que pueda haber algún tipo de disturbio cuando las fuerzas de seguridad dispongan el desalojo de la sede, donde se ha convocado a los trabajadores.

Hoy más temprano, el secretario de Gobierno, Darío Zeino dijo que «es una aberración la conducta de los dirigentes cooperativistas, de quererse adueñar de un servicio que es de los vecinos». Asimismo, pidió a los directivos de la Coopi que «no engañen» al señalar: «Aquí no hay ninguna guerra del agua ni ningún atropello, aquí lo que deben hacer es devolverle al Estado lo que es del Estado».

Por otra parte, el funcionario pidió a los usuarios que estén atentos «ante las mentiras, estafas y sorpresas a la buena fe que están haciendo con el servicio de agua».