Investigan a empleados y directivos de la Coopi por el ataque a los asesores letrados

La semana pasada, en la víspera de las fiestas navideñas, los asesores letrados del municipio de Carlos Paz radicaron una denuncia por violencia y agresiones físicas en la Fiscalía del Distrito 3, Turno 1 de Córdoba. Piden que se investiguen los hechos ocurridos el pasado lunes 21 de diciembre a la salida de la audiencia en el Ministerio de Trabajo, dónde denuncian haber sido agredidos por directivos y empleados de la Coopi.

Fue a la salida de una audiencia que mantuvieron con dirigentes del gremio SIPOS y la dirigencia de la Cooperativa Integral (Coopi) en el Ministerio de Trabajo.

Según la denuncia, de forma inesperada, los abogados fueron abordados por trabajadores de la Coopi quienes los agredieron con los palos de las banderas que portaban, los amenazaron y escupieron, según explicaron ayer, «con el grave peligro que ello importa en el contexto pandémico».

Pese a que el municipio garantizó la fuente de trabajo de los trabajadores del servicio de agua, los funcionarios aseguraron que se «manipuló a los trabajadores cooperativos» para generar hechos de violencia.

Los denunciantes pidieron a la fiscalía que se investigue también a los dirigentes de la Cooperativa Integral y a los gremialistas del SIPOS, ya que los responsabilizaron de alentar «conductas delictivas».

Esta denuncia en Córdoba se suma a la hecha en la Fiscalía de Turno de Villa Carlos Paz, donde se pidió investigar los episodios violentos y atentados a la salud pública en plena pandemia que se registraron en la planta de Cuesta Blanca.

Bajarán de la lista a empleados violentos. Hasta ahora son 51. El gremio está de acuerdo. 

Al respecto, el presidente del bloque de concejales de Carlos Paz Unido, Sebastián Guruceta, adelantó que en el convenio, por el cual se garantiza la fuente de trabajo de los empleados del servicio de agua, alcanzará a los 51 empleados que han sido informados oportunamente.

Sin embargo, aclaró que trabajador que sea identificado, denunciado o imputado por violencia o agresiones, será retirado de la lista. El concejal precisó que se hicieron cuatro denuncias, dos en la fiscalía a cargo de Ricardo Mazzuchi, para que se investigue el accionar de los trabajadores y dirigentes de la Coopi.

Por otro lado, dejó entrever que tendrían identificados a dos personas que salivaron a los asesores letrados en el Ministerio de Trabajo.

«Los directivos de la Coopi que tiraron por la borda la historia de la entidad ahora intentan engañar a los vecinos, diciendo que la cooperativa deja de existir. Eso es un engaño, la Coopi no desaparecerá, y deberá responsabilizarse del resto de sus empleados. De ese centenar de más que tomaron políticamente y fueron subvencionados por los vecinos, que tuvimos que pagar ítem como capitalización y compensación»; aseguró Guruceta.  

«Lo que está sucediendo en el marco de Ley, es que el municipio está recuperando su servicio de agua, y lo hará con los trabajadores de la Coopi afectados a ese servicio»; añadió.

A pesar de las agresiones, desde el municipio trascendió que hay un sector del SIPOS que está en diálogo con el municipio para acompañar el traspaso de los 51 trabajadores con sus respectivos derechos adquiridos y respetando antigüedades, mientras hay otro sector gremial pegado a la dirigencia cooperativista que intenta rechazar cualquier acuerdo.

El SIPOS dialoguista dejó en claro que defenderán las fuentes de quienes trabajan y no acompañan las cuestiones políticas de los directivos de la Coopi ni la violencia, ni los privilegios de los empleados familiares directos de dirigentes cooperativistas que ingresaron en los últimos años.