Contra el cierre de la investigación por el crimen de Basaldúa

La Secretaría de Derechos Humanos y la familia de Cecilia Basaldúa, rechazaron la decisión de la fiscal del caso de cerrar la investigación y enviar a la causa a juicio oral. La mochilera de 35 años fue asesinada en abril del año pasado en la localidad cordobesa de Capilla del Monte.

“La decisión de la fiscal (Paula Kelm) nos preocupa mucho, porque hay una persona detenida sin pruebas y hay otros sospechosos a los cuales no se ha investigado”, señaló el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, quien hoy recibió a los padres de la mujer asesinada.

Para el funcionario, “justo cuando tanto el presidente (Alberto Fernández) como la vicepresidenta (Cristina Kirchner) están alertando” que se necesitan “cambios en el Poder Judicial para terminar con los femicidios”, hay “una fiscal” que “vuelve a poner en evidencia a un Poder Judicial que no funciona y que es parte del problema”.

En tanto, en un comunicado difundido por la Secretaría de Derechos Humanos, se señaló que “la causa que investiga el femicidio (…) está repleta de irregularidades”, ya que “el joven Lucas Bustos es el único imputado y detenido, pese a que no existe en el expediente ninguna prueba fehaciente de que haya estado en contacto con la víctima”.

“La única evidencia que pesa sobre el acusado es una supuesta confesión realizada en una comisaría, cuyos únicos testigos son dos agentes a quienes Bustos denunció por torturas. Luego de ese hecho, y ya en sede judicial, el joven negó haber sido el autor del femicidio”, consignó el organismo.

La fiscal de Instrucción de Cosquín, Paula Kelm, solicitó que Bustos, un albañil de 23 años, sea juzgado por los delitos de “abuso sexual con acceso carnal, homicidio doblemente calificado por violencia de género y criminis causa”, que contempla la pena de prisión perpetua.

El cuerpo de Basaldúa fue encontrado el 25 de abril de 2020 en una zona de basural de Capilla del Monte.