Tras numerosos ataques, el campo celebra la figura de «vandalismo rural»

Los hechos de violencia contra el campo se han repetido a diario el año pasado y desde la Confederaciones Rurales de Argentina (CRA) propusieron una ley contra los ataques a silobolsa; "por eso celebramos la iniciativa del presidente de la Cámara de Diputados en llevar adelante este tema, a pesar de que se ha demorado un año en presentar el proyecto. El Estado deber dar respuestas y brindar seguridad a los ciudadanos" aseguraron en un comunicado.

"Los delitos rurales se multiplicaron en todo el territorio nacional, escalando cada vez más en cuanto al daño y al tipo de hechos. Ya no es el abigeato lo que usualmente sufren los productores rurales, sino que a ello se le han sumado los ataques anónimos que destruyen silobolsas, usurpaciones e incendios intencionales en explotaciones agropecuarias" destacaron.

En el 2020 se han reportado la rotura de más de 130 silobolsas, lo que equivale a, al menos, 5.700 toneladas de granos dañados e incontables daños a la producción rural a través de robo de maquinaria, incendios intencionales, robo de cosecha, robo de agroquímicos, entre otros.

"Estos ataques anónimos van dirigidos a toda la sociedad, porque la labor del campo es un pilar fundamental para la producción de alimentos y de divisas para nuestro país, más aún en este particular contexto de recesión económica. No hacen más que amedrentar a las personas del campo que, con su esfuerzo y producción, ponen a la Argentina de pie con cada cosecha".

"Se está atentando contra la propiedad privada, contra el esfuerzo cotidiano de un sector de la economía que brinda al país 5,5 millones de puestos de trabajo en forma directa e indirecta, tanto en el sector privado como el público" sentenciaron.

De esta manera, el incendio y / o la destrucción de cereales en parva, gavillas o bolsas, silobolsas, tolvas y / o diferentes sitios y / o unidades de almacenamiento de granos, o de los mismos todavía no cosechados y toda clase de reserva de granos y/o forrajes sean penados como delitos contra la seguridad pública, no excarcelables, al otorgarse una pena mínima de tres años y un máximo de diez, conforme al estrago sufrido y pergeñado en establecimientos rurales.