Un desarrollista demandó a Carlos Paz por la creación de una reserva natural

Un vecino de La Calera que aduce tener derechos posesorios y escritura de las tierras incorporadas al nuevo ejido de Carlos Paz y es uno de los impulsores del mega-emprendimiento inmobiliario «Torres del Lago», demandó al gobierno municipal por la creación de un área protegida natural en la zona norte.

Se llama Félix Agustín Dahan Meade, quien además solicitó una audiencia en el Concejo de Representantes para impedir la aprobación de una ordenanza que contempla la preservación de la flora y fauna autóctona. Sostiene que será perjudicado en su patrimonio por la sanción de una normativa que impide nuevas urbanizaciones en una serie de parcelas ubicadas sobre el lago San Roque, en inmediaciones del arroyo Los Mimbres, que se extienden hasta la Ruta 38 y el límite con Santa Cruz del Lago.

El empresario integraba el fideicomisio Altos de Carlos Paz y dijo que cuenta con estudios técnicos, informes, dictámenes y resoluciones favorables de cada organismo provincial competente, para la realización del proyecto, que fue tramitado hace algunos años ante el gobierno de Villa Santa Cruz del Lago y la Comunidad Regional Punilla, pero que no tiene autorización de la Secretaría de Ambiente ni tampoco de la ciudad de Villa Carlos Paz (cuya jurisdicción alcanza las tierras afectadas).

También manifestó que cuenta con autorización de la Dirección General de Catastro, la Secretaría de Recursos Hídricos, la Empresa Provincial de Energía Córdoba y la Administración de Recursos Hídricos, entre otros.

Meses atrás, el Tribunal Superior de Justicia falló a favor de la Municipalidad de Villa Carlos Paz en contra del planteo que hizo el gobierno de Villa Santa Cruz del Lago, que pretendía extender su ejido y autorizar la construcción del mega-emprendimiento.

Torres del Lago contempla la construcción de 15 torres de 12 pisos que iban a tener un impacto negativo sobre el saneamiento del embalse. «En su momento, frenamos la audiencia porque consideramos que era algo que tendría un impacto negativo sobre nuestro ambiente, paisaje y sobre la posibilidad de avanzar en el saneamiento del lago. Así como lo mencionó el intendente en su momento, la zona ha sido declarada AP1, es decir que forma parte de un área protegida e intangible donde vamos a proteger el faldeo montañoso y el bosque nativo»; supo expresar Darío Zeino, titular del área de Gobierno de la Municipalidad.

Las torres podrían albergar hasta 10 mil personas y para la justicia, la localidad de Villa Santa Cruz del Lago no tenía razón en su reclamo sobre las tierras por había firmado un aval para que fuesen parte del nuevo ejido carlospacense. Incluso, el Concejo Deliberante de esa localidad aprobó este mega-emprendimiento inmobiliario aún cuando se tenía conocimiento que el gobierno provincial estaba terminando de analizar la documentación presentada por Carlos Paz para la aprobación de los nuevos límites.

Es decir, intentaron dar factibilidad a las Torres del Lago cuando sabían que pronto iban a ser parte de otra localidad y buscaron dilatar la salida del nuevo ejido para que pudieran comenzar los trabajos.

La semana pasada, el intendente Daniel Gómez Gesteira envió el proyecto de creación del Área Protegida Norte al Concejo de Representantes para preserva un sector que reviste «un carácter estratégico de singular relevancia, tanto para la ciudad como para la microrregión colindante», y donde deben preservarse la cuenca de la contaminación que podrían ocasionar nuevas urbanizaciones.

«Queda integrado al área a crearse el único tramo de la costa del Lago San Roque que se incorporará al ejido de la ciudad por medio de la Ley 10595. El resguardo de esta zona colindante al embalse, sustrayendo la misma al proceso de urbanización creciente que afecta los recursos naturales de la región, conformará una franja de mitigación de los efectos negativos de este proceso, sobre el ambiente»; expresaron desde el municipio. Y es que el territorio afectado, también se incluye dentro de la denominada zona amarilla de la Ley Provincial de Protección del Bosque Serrano.

Ahora, nuevamente será la justicia que deberá resolver si las tramitaciones iniciadas por los inversores tienen validez y si corresponde que los desarrollistas sean indemnizados por el gobierno carlospacense.