La Justicia argentina incautó el avión venezolano-iraní

Buenos Aires. El juez federal Federico Villena hizo lugar al pedido de la Justicia de Estados Unidos para incautar el avión iraní-venezolano, retenido en el aeropuerto de Ezeiza desde el 8 de junio. El magistrado autorizó “una evaluación inicial, la cual incluira la inspección mecánica, la inspección del lugar de depósito y la subscripción de contratos de depósito y mantenimiento por parte del personal del USMS (Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos) y la empresa contratada al efecto”.

Villena también ordenó el registro del avión para secuestrar una serie de pruebas que ya fueron agregadas al expediente que tramita en su juzgado. Para eso autorizó al Director Ejecutivo del Centro de Análisis, Comando y Control de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (CEAC), Comisionado Mayor Maximiliano Lencina, “con expresa colaboración y participación del agregado legal del FBI en la Argentina”.

“Se deberá proceder a la extracción de vistas fotográficas de los elementos encontrados, de los lugares donde fueron hallados y de los lugares requisados, realizándose un croquis de estos últimos que ilustre sus dependencias internas y su ubicación externa. Los elementos incautados deberán ser inventariados y reservados en cajas o sobres, que se cerrarán y se firmarán en presencia de testigos, las que tendrán que ser entregadas, juntamente con las actuaciones que se labren en consecuencia, a esta sede judicial”, dice la resolución a la que tuvo acceso el medio Infobae..

Por último, el personal que realice el procedimiento deberá colocar en el avión una copia de la orden de secuestro. A partir de ese momento, la aeronave quedará a disposición del juzgado federal de Lomas de Zamora y del Tribunal Federal del Distrito de Columbia en la causa identificada como CRM­182­ 84488.

El requerimiento de la justicia de Estados Unidos -que fue girado a través del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y del Ministerio de Justicia argentino- tramita en los términos de la ley 24.034, que aprobó en 1991 el Tratado de asistencia jurídica mutua en asuntos penales con el Gobierno de Estados Unidos.

La situación de los 19 tripulantes, en tanto, quedó en manos de la Cámara Federal de La Plata, que ahora debe evaluar las apelaciones de la fiscal Incardona y del abogado defensor de los tripulantes Hernán Carluccio. La definición podría demorar varias semanas.