Denuncian un retroceso histórico
Hielo, oro y votos: Milei logró desmantelar la Ley de Glaciares
Argentina ofrecerá «vía libre» a la inversión minera en las zonas de alta montaña.
Tras una sesión maratónica que culminó en la madrugada de este jueves, la Cámara de Diputados ratificó los cambios impulsados por el gobierno de Javier Milei en la Ley de Glaciares para favorecer inversiones de compañías mineras en zonas de alta montaña. Con 137 votos a favor, el oficialismo logró flexibilizar la protección ambiental para destrabar proyectos estratégicos, hay fuertes críticas de ambientalistas y se vivieron momentos de tensión en las afueras del Congreso.
La reforma del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, que ya contaba con el aval del Senado, es una pieza clave en la agenda de desregulación de La Libertad Avanza y modifica la emblemática Ley 26.639 sancionada en 2010. El objetivo central es «dotar de seguridad jurídica» a las inversiones mineras en las provincias cordilleranas, argumentando que la normativa anterior era «extrema» e impedía el desarrollo económico.
A diferencia de la ley original, que protegía de manera absoluta cualquier cuerpo de hielo o suelo congelado con función hídrica, la nueva redacción introduce criterios de «efectividad»:
Reclasificación del ambiente periglacial: Solo se protegerán aquellas zonas que tengan una «función hídrica efectiva y relevante». Esto abre la puerta a proyectos en áreas que antes estaban vedadas por su cercanía a suelos congelados.
Rol de las provincias: Se otorga mayor autonomía a las jurisdicciones locales para decidir sobre el impacto de los proyectos, debilitando la centralidad del IANIGLA (Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales).
Fomento a la minería: La reforma habilita la actividad en zonas que, según el Gobierno, no comprometen las reservas de agua dulce destinadas al consumo humano o la agricultura.
Desde los palcos, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, siguió de cerca la votación. En el recinto, los diputados de La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados del PRO y la UCR defendieron la medida como un acto de «ambientalismo responsable». Por su parte, el bloque de Unión por la Patria y la Izquierda denunciaron un «retroceso institucional sin precedentes».