Los nombres que no olvidamos: Andrea, Agostina y Cecilia

No son casualidades. No son errores. Son decisiones.

Andrea Castana fue brutalmente asesinada en el Cerro de la Cruz en marzo de 2015.

Hoy, once años después, el fiscal que se encuentra en el centro de las críticas por haber otorgado la libertad bajo fianza al femicida de Agostina Vega, Claudio Barrelier, es el mismo que tuvo participación en la investigación por el crimen de Andrea. Iván Rodríguez fue instructor de aquella causa durante menos de un año, un período en el que la investigación no avanzó y no existían líneas concretas para esclarecer el crimen. Luego asumió como fiscal de Instrucción.

Como ocurrió con el femicida de Agostina, el asesino de Andrea también tenía antecedentes. No lo digo yo, lo dicen las evidencias. Durante años existió un expediente “extraviado”, un secreto a voces entre quienes investigaron el caso y quienes lo siguieron de cerca. De eso no se hablaba.

Todos sabían que había un depredador. Y vuelvo a repetir: no lo digo yo, lo dice la evidencia. El ADN hallado en el cuerpo de Andrea coincidía con el del agresor de una mujer que había sido abusada sexualmente en 2004. El fiscal que debía investigar esa causa, Gustavo Marchetti, jamás avanzó sobre esa investigación. Después aparecieron más víctimas y, finalmente, Andrea.

Marchetti se retiró de la justicia, pero años más tarde fue condenado por violencia de género.

Entonces surge una pregunta inevitable:

¿Para ellos eran realmente víctimas? ¿O simplemente expedientes? ¿Un trámite más dentro de una oficina?

Naturalizaron la violencia de género. Naturalizaron la brutalidad ejercida sobre nuestros cuerpos.

Si Rodríguez hubiera actuado de otra manera, probablemente Agostina estaría viva. Y si Marchetti hubiera hecho su trabajo, probablemente Andrea también. Eran muertes evitables.

Y no quiero olvidar a Cecilia Basaldúa.

El sistema obligó a su familia a revivir el dolor una y otra vez. Cuando parecía que ya no podían soportar más sufrimiento, siempre aparecía una nueva forma de profundizarlo.

Primero fue la angustia de la búsqueda. Luego, el hallazgo de su cuerpo. Más tarde, un juicio vergonzoso en el que, para responder a la presión social, se sentó en el banquillo a un hombre que terminó absuelto porque, como muchos sostenían desde el principio, era un “perejil”.

Pero todavía faltaba más.

En octubre de 2025, la familia descubrió que los restos de Cecilia habían sido enterrados en una fosa común, sin identificación, sin informarles, sin permitirles darle una despedida digna.

Hicieron casi lo mismo que hizo quien la asesinó, se deshicieron de su cuerpo.

Por eso la pregunta sigue siendo la misma.

¿Hasta cuándo?

¿Hasta cuándo vamos a permitir que quienes tienen la responsabilidad de protegernos sigan tomando decisiones que terminan dejando a las mujeres expuestas a la violencia, al abuso y a la muerte?

No son errores. No son casualidades.

Son decisiones.

Y las consecuencias tienen nombre, apellido, familia e historias que nunca podrán recuperarse.

No fue culpa de Andrea. No fue culpa de Agostina. No fue culpa de Cecilia.

Y nunca será culpa nuestra.