La estrategia para «salvar» al acusado por el crimen de Cecilia Basaldúa
La defensa del único detenido e imputado que tiene la investigación por el crimen de Cecilia Basaldúa, Lucas Bustos, solicitó la nulidad del proceso por presuntas irregularidades cometidas por el personal policial de Capilla del Monte. Sergio Sánchez es el abogado defensor del joven acusado de haber asesinado a la mochilera a mediados de abril y dijo que los investigadores deberán apartarse porque ya no son «competentes». Esta semana, la Fiscalía de Cosquín recibirá nuevas pericias de la morgue y fuentes oficiales aseguran que las pruebas son «irrefutables».
El último viernes, Sánchez pidió la nulidad del proceso en contra de su defendido, quién permanece alojado en la cárcel de Cruz del Eje. «No estoy apuntando a la inocencia de Lucas, para ello necesito otros elementos de prueba. Con esta nulidad estoy invalidando la ilegitimidad de la detención de mi defendido, la forma que se hizo la aprehensión y entiendo que los mecanismos utilizados para poder llegar a la obtención de esa tan mentada manifestación espontánea de Lucas, fueron mecanismos irregulares y contrarios a la ley. Se vulneraron las garantías constitucionales y hubo una persecución penal sobre mi cliente sin haber tenido investigación previa»; apuntó el letrado.
«La fiscal evaluará la presentación que hice, y si está de acuerdo con esto, dará marcha atrás en el proceso. En caso que no sé de acuerdo, la fiscal le enviará todo el expediente con la nulidad al juez de control quien va a dirimir esta decisión. Si se considera el pedido, quedará invalidada la declaración del empleado policial que escuchó e hizo el interrogatorio y todos los actos consecutivos que continúan, se caería todo el proceso sobre el detenido Lucas Bustos»; puntualizó Sánchez a radio Live FM.
El defensor volvió a sostener que se cometieron irregulares y dijo que la actuación de la fiscal Paula Kelm se sustenta sobre la declaración testimonial de un empleado policial y sobre el expediente, pero indicó que ese empleado policial y otros más, fueron denunciados, investigados y sospechosos de «apremios ilegales».