Piden la destitución de la fiscal Paula Kelm por la muerte de Jonatan Romo

La familia de Jonatan Romo, el joven que murió tras una golpiza policial y una detención irregular ocurrida en La Falda, solicitó formalmente la destitución de la fiscal Paula Kelm. Se acusa a la funcionaria de mal desempeño, negligencia y la comisión de delitos que derivaron en el fallecimiento del hombre de 34 años de edad, caso que produjo un verdadero escándalo en el seno de la Departamental Punilla Norte y la detención de seis policías.

Se elevó un pedido de jury de enjuiciamiento que deberá ser tratado por la Legislatura.

Los uniformados se encuentran con prisión preventiva y su situación procesal se complicó cuando se conocieron los resultados de la autopsia, la cual reveló que Romo murió por «asfixia mecánica», es decir, fue asesinado.

Desde un primer momento, la Policía implicada en la detención y posterior muerte del vecino, ocultó información y dijo que había fallecido por una descompensación en la comisaría. Esta hipótesis fue desmentida por el abogado Luis Galli, quien representa a la familia y considera que el joven «fue golpeado con malicia hasta que le provocaron la muerte».

«El cerebro y cerebelo tienen congestión y edema, lo que se puede interpretar como un fenómeno que contribuye al diagnóstico de asfixia mecánica. Hubo una hemorragia pulmonar y se observan lesiones compatibles con contusiones y microfracturas»; añadió el letrado, quien solicitó el jury de enjuiciamiento contra la titular de la Fiscalía de Cosquín.

Por el caso, fueron imputados y aprehendidos el sargento Miguel Ángel Aguilera, el cabo Juan Pablo Zunino, el cabo Hernán Suárez y el sargento Walter Geri, todos imputados por homicidio calificado; mientras que el subcomisario Pablo Antonio Zárate y el agente Lucas Giménez son acusados por encubrimiento agravado. Asimismo, dos altos jefes de la Policía de la Provincia de Córdoba fueron apartados de su cargo y el jefe de la Departamental de Punilla Norte, Diego Bracamonte, pasó a retiro.

Lo grave del caso es que Romo había estado internado seis meses antes de su muerte tras haber sufrido la perforación del riñón a causa de una golpiza policial. En ese entonces, se había presentado una denuncia sobre el hecho pero nada se hizo. Precisamente, este punto es central en la denuncia que hizo la familia Romo, ya que responsabilizan a la fiscal de no haber dispuesto los medios necesarios para evitar que el vecino se viese nuevamente violentado por los integrantes de la fuerza policial.