Escándalo en Córdoba
Tomaron la escuela tras el abuso sexual de un niño con autismo
Los padres exigen la renuncia de las autoridades escolares y sanciones para los responsables.
Un grupo de padres decidió tomar esta mañana la escuela Rafaela Sánchez de Caldelari del Barrio Ayacucho tras la denuncia de abuso sexual a un alumno con autismo. El padre de la víctima se encadenó ayer en la puerta de la institución y pasó la noche a la intemperie para exigir la renuncia de las autoridades escolares, quienes no sancionaron a los presuntos autores del ataque.
«Nos dijo que dos compañeros, en el baño de la institución, lo habían torturado, lo habían atado de pies y manos, le metían la cabeza adentro del inodoro, lo insultaron, le pegaron, y como no les alcanzó esto le bajaron su pantalón y le toquetearon todas sus partes íntimas»; expresó Jorge, el padre del alumno.
En solidaridad con la familia, padres ingresaron a la institución y cuestionaron a la directora, la vicedirectora, la inspectora y la maestra de sexto grado, quien está cargo del curso del niño en cuestión.
La denuncia motivó que salieran a la luz otros hechos similares y se espera la intervención del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. La directora General de Educación Primaria, Stella Maris, expresó que «la situación es muy delicada tanto para la familia damnificada, como para la comunidad escolar y para la institución en sí».
«Por ello hablamos con la mamá del niño agredido ofreciendo la intervención de los equipos interdisciplinarios. También intervenimos en lo institucional para investigar que derivará en una investigación administrativa»; añadió.
Se presume que el niño fue abordado durante un recreo en el baño de la institución y apuntan contra otros dos menores, quienes si bien no comparten el curso, van al mismo grado. Según dijo, además del abuso sexual, fue golpeado, insultado y le pidieron dinero para que no vuelva a suceder lo mismo.
Los padres denunciaron el delito a los directores del establecimiento, pero éstos le comunicaron que iban a solucionarlo «con el diálogo» y en lugar de sancionar a los agresores, aplicaron medidas restrictivas para la víctima y le impidieron circular por determinados lugares para no cruzarse con los atacantes.
