Qué pasó con el juicio por las estafas inmobiliarias en Punilla

La Cámara de Acusación deberá decidir la elevación a juicio de la causa por las estafas inmobiliarias en el Valle de Punilla. Se trata de la investigación por el funcionamiento de una presunta asociación ilícita que hacía ventas fraudulentas de terrenos en las sierras cordobesas, por los cuales los damnificados pagaban entre 400 y 500 mil pesos.

El pasado 30 de noviembre, el juez de control José Milton Peralta rechazó las oposiciones a la elevación a juicio de la causa, pero ahora se apeló esa resolución y se aguarda la decisión de la Cámara.

La investigación suma varios detenidos, cientos de damnificados y desnudó un escándalo de proporciones en Villa Carlos Paz, Cosquín, San Roque, Bialet Massé, Parque Síquiman y Villa Santa Cruz del Lago.

Se hicieron varios allanamientos y se logró identificar a un grupo de personas que tendrían vinculación con el escribano Gonzalo Argarate, Valeria Montes Pratto y Marcos Solanille, sindicados como parte de una banda que hacía estafas inmobiliarias en la región. Precisamente, los abogados de Argarate se opusieron a la elevación a juicio que hizo el fiscal y demoraron el inicio del juicio.

«Estoy convencido que se confirmará el juicio por cuanto la actuación del escribano Argarate ha sido delictiva, al criterio de esta defensa, es que él debió asesorar a las partes y controlar el instrumento que firmaban los compradores para evitar que hagan una adquisición de forma fraudulenta y no caigan en este acto jurídico viciado y nulo»; expresó el doctor Carlos María Cardeilhac, quien representa a una de las damnificadas.

«El escribano no debe limitarse a certificar una firma, sino que debe tener conocimiento del contenido del acto y si el acto está viciado o es ilícito, no debe realizarlo y advertir a las partes»; añadió el letrado.

Aún con estas dilaciones propias del proceso penal, se estima que el juicio arrancaría a mediados del próximo año.