Investigan una asociación ilícita conformada por una familia
Serían condenados por estafas inmobiliarias en Córdoba y Carlos Paz
La justicia considera que engañaron no sólo a los inversionistas, sino también a los dueños de las tierras y a los proveedores de materiales de construcción.
El desarrollista Jorge Ribeiro y otros integrantes de su familia podrían ser condenado en un juicio por presuntas estafas inmobiliarias con emprendimientos que iban a construir en Córdoba y Villa Carlos Paz. La sentencia será dictada por la Cámara 10ª del Crimen tras una investigación que tiene en la mirada a la firma Ribeiro Construcciones SRL y el caso reviste interés porque, por primera vez, se aplica la figura de asociación ilícita para defraudar a los inversionistas.
En la causa, además de Jorge Ribeiro, se encuentran imputadas su esposa María Elena Lavisse; sus hijas, Georgina María y Ana Lucía Ribeiro, y sus yernos Carlos Hernán Castro y Marcos Javier Lío.
Había otros involucrados que acordaron un juicio abreviado y aceptaron su responsabilidad en los hechos imputados, Tomás Ribeiro (hijo de Jorge); Natalia Meosi, su esposa, y Guillermo Adrián Taberna, quienes recibieron condenas -el pasado 29 de octubre del 2020- a cuatro años y cinco meses; tres años y 11 meses y tres años y cinco meses de prisión, respectivamente.
Lo que parecía haber finalizado con un acuerdo a fines del año pasado, finalmente derivó en la etapa final del juicio porque el máximo acusado se negó a pagar las indemnizaciones a los denunciantes.
El fiscal Enrique Gavier confirmó que son 35 los hechos imputados por la supuesta conformación de una asociación ilícita con proyectos de edificios de departamentos y cocheras en Córdoba y en Carlos Paz (vendieron nueve en total y se proyectó un décimo en la ciudad turística) que nunca avanzaron. La presunción es que nunca tuvieron la intención de ejecutar las obras, sino que vaciaban la empresa y ni siquiera llevaban libros contables.
Pero, según la acusación, no sólo fueron estafados los inversores sino también los dueños de las tierras que adquirieron y los proveedores de materiales de construcción (a quienes se ofrecía la entrega de departamentos como forma de pago).
Las maniobras arrancaron en 2009 y se extendieron hasta mediados del 2018.