Penal de Bouwer
Cambió de género en la cárcel y dos presas denunciaron que las violó
El caso de Gabriela Fernández, quien fue condenada inicialmente como Gabriel Fernández, continúa generando controversia en Córdoba, desatando un debate profundo sobre la auto percepción de género y la seguridad en los establecimientos penitenciarios.
Fernández, quien ingresó al penal de Bouwer como hombre, cumpliendo una condena por violencia de género, fue trasladada a un pabellón de mujeres tras declararse mujer. Este cambio generó un intenso debate, especialmente luego de que se conocieran denuncias de abuso sexual en su contra, presentadas por otras internas.
Una de las fiscales a cargo del caso ha solicitado la detención e imputación de Fernández por estos nuevos hechos. Aunque la justicia había solicitado que el Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC) tomara precauciones, la respuesta del organismo fue que no existían espacios disponibles para ofrecer un tratamiento diferenciado.
El caso comenzó a trascender en noviembre del año pasado, cuando se conoció la denuncia de abuso sexual por parte de otra interna, quien quedó embarazada. A este incidente, se han sumado recientemente dos nuevas denuncias, también por abuso sexual.
Hasta el momento, el SPC no ha emitido un comunicado oficial sobre el asunto, aunque se ha mencionado que se ha intentado garantizar la seguridad de todas las internas.
Es importante recordar que Gabriela Fernández, anteriormente Gabriel, fue condenada por violencia de género antes de declararse mujer. Tras su cambio de identidad, fue trasladada a un pabellón de mujeres y, después de cumplir parte de su condena, quedó en libertad. Posteriormente, formó una pareja con otra mujer, pero al ser detenida nuevamente, reiteró su autopercepción como mujer, lo que provocó su reingreso al sistema penitenciario femenino.
A pesar de su declaración de auto percepción de género, familiares de Fernández han afirmado que ella nunca se sintió identificada como mujer. En octubre de este año, se espera que enfrente un juicio por violencia familiar.
Un abogado especializado en derechos de género, quien prefirió mantenerse en el anonimato, explicó a Cadena 3 que "la ley 26.743 obliga a los jueces a reconocer la identidad de género de una persona sin necesidad de realizar un trámite formal". Esta normativa ha generado controversia, ya que permite que individuos con antecedentes violentos sean tratados como mujeres dentro del sistema penitenciario, lo que genera preocupaciones por los riesgos que esto implica para otras internas.
Los vecinos de Fernández también han expresado su preocupación sobre la situación. Una vecina comentó: "La conozco desde que nació, y jamás mostró características femeninas ni se identificó como mujer". Otro vecino añadió: "El asesoramiento que recibió para cambiar su identidad provino del sistema mismo".