Investigación por fraude previsional en Salta
Hallaron radiografías en blanco para fabricar pensiones por invalidez
Los investigadores encontraron estudios médicos con espacios sin completar para colocar nombres de pacientes. También detectaron radiografías duplicadas y análisis presuntamente falsificados para justificar discapacidades inexistentes.
Una investigación judicial por un presunto fraude con pensiones por invalidez en la provincia de Salta derivó en nueve allanamientos y el hallazgo de radiografías con espacios en blanco destinadas, según la acusación, a ser utilizadas para tramitar beneficios de manera irregular.
Las medidas fueron ejecutadas por efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Salta” de Gendarmería Nacional, en el marco de una causa coordinada por la Unidad Fiscal Federal de Salta.
De acuerdo con la pesquisa, una organización integrada presuntamente por profesionales de la salud, operadores políticos y funcionarios gestionaba pensiones para personas que no padecían enfermedades incapacitantes. A cambio, los beneficiarios debían responder con apoyo electoral.
Los investigadores determinaron que la maniobra se apoyaba en certificados médicos vinculados principalmente a diagnósticos de enfermedad de Chagas y graves problemas de columna. Para ello, se habrían utilizado estudios adulterados, resultados de laboratorio falsificados y placas radiográficas reutilizadas en expedientes de distintas personas.
Durante los últimos allanamientos, realizados en las localidades de Joaquín V. González, Gaona y El Quebrachal, los efectivos secuestraron radiografías de tórax y columna pertenecientes a diferentes personas. Según la investigación, cerca del 90 por ciento de esas placas mostraban desviaciones de columna y algunas tenían espacios en blanco para completar posteriormente la identidad del supuesto paciente.
Además, fueron hallados estudios clínicos con resultados positivos de Chagas que, según la acusación, eran copias de análisis previos y no documentos originales.
La causa se inició a fines de 2024 y ya había tenido una primera etapa de allanamientos en septiembre de 2025, cuando se secuestró documentación en hospitales, clínicas y domicilios particulares. Esas actuaciones derivaron en imputaciones por asociación ilícita, defraudación a la administración pública, cohecho e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Con las nuevas pruebas incorporadas al expediente, la Justicia Federal analiza imputar a otras ocho personas, entre ellas tres médicos y funcionarios vinculados a la política provincial.